Las decisiones que se adopten esta semana pueden comenzar a definir el futuro de SanCor. La láctea, con sede en Sunchales, al oeste de esta provincia, viene negociando aceleradamente con el propósito de postergar la ejecución de una prenda por falta de pago que la compañía financiera IIG Structured Trade Finance Fund Ltd., acreedor de la cooperativa, anunció para el próximo miércoles.

Si en las próximas horas –teniendo en cuenta el feriado del 9 de Julio- no se alcanza un acuerdo, el acreedor rematará casi 700.000 kilos de quesos que embargó por incumplimiento de una garantía de pago. El precio base de la subasta será de casi US$5 millones.

Según trascendió, la semana pasada la negociación tuvo altibajos, pero avanzó. Más allá de los comentarios sobre las presiones que se exhibieron, existe el claro convencimiento que a ninguna de las partes les conviene la ejecución de la medida. Los argumentos son claros: el remate que se anuncia para este miércoles, a las 11, en la Asociación de Balanceadores Corredores Martilleros Públicos de Buenos Aires, pondrá en consideración de eventuales compradores dos lotes de quesos -uno de 512.373 kilos de pasta dura y otro de 168.250 kilos de semiduro-, que tendrán una base de 4.957.786 dólares. Las partidas se encuentran en depósitos de Córdoba.

Cualquier rematador sabe que muy pocas veces con un producto perecedero y en un mercado lácteo recesivo, el objetivo de alcanzar la cifra anunciada puede diluirse, incluso en un porcentaje superior al 30% que supone la reducción de la base del remate pasados 15 minutos del primer llamado si no se registra ningún postor y, mucho más, si transcurrido otro cuarto de hora continúa desierto, cuando ya se ingrese a un remate sin base. Para el acreedor significará un monto bastante inferior al pretendido para el cobro de su acreencia con el agregado que allí quedará cancelada la deuda.

Situación

Pero también para SanCor la cuestión significa un paso más en el deterioro empresario que comenzó hace más de una década y que se profundizó a partir de 2017 con una deuda salarial con el personal y que fue sorteado parcialmente con el gremio Atilra – con un esquema de regularización mediante- para seguir adelante con las tareas. Sin embargo, en octubre del año pasado Atilra, que de la mano de su secretario general, Héctor “Etin” Ponce, pretendió avalar un fideicomiso con empresarios que no prosperó, lanzó acciones gremiales directas que entorpecieron la producción y llevaron a que los productos de la firma desaparecieran de las góndolas.

Desde entonces, la cooperativa intenta, pero no consigue revertir su performance. Busca un socio estratégico, pero no hay muchas propuestas en el mercado lácteo local. Lejos están aquellas cifras del momento de esplendor que vivió la cooperativa cuando llegó a procesar más de 3 millones de litros diarios. Las crisis siguientes y la reestructuración que encaró la llevó a procesar actualmente apenas un 10% de la materia prima. Pero, además, de 14 plantas industriales que tuvo, se quedó con seis. Una cerró definitivamente sus puertas a fin del año pasado, la quesera de San Guillermo.

Después que resuelva el remate de los quesos, la cooperativa deberá encarar la solución del conflicto que –aunque más aplacado- mantiene con los trabajadores. Mucho dependerá de la reglamentación del capítulo laboral de la flamante Ley de Bases que este lunes promulgó el gobierno nacional.