El letrado, uno de los representantes de la firma Mayol, comentó que el conflicto lleva ya varios meses: en marzo “un gremio muy fuerte en el sector rural como es ATILRA decide tomar la fábrica, pequeña realmente porque procesaba entre 10 y 12 mil litros de leche diarios, con catorce empleados”.
“Esta parte entiende el reclamo fue legítimo, no compartimos bajo ninguna órbita el modo en el que se llevó a cabo”, destacó sobre la intervención a la empresa. “Hoy 29 personas que se hallaban en la puerta de la fábrica fueron imputadas de varios delitos y, en los meses venideros tienen las indagatorias, que van a ser a razón de dos por día”, señaló.
En esta línea, precisó que las imputaciones están vinculadas a los delitos de amenazas coactivas, robo agravado, daño, privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio y atentado y resistencia a la autoridad.
Y aseguró: “Eso nos llevó a nosotros a entender que, lejos estaba de ser un reclamo genuino, sino que era más un apriete sindical”.
