“Siento lástima porque evidentemente no saben lo que es mantener viva a una empresa, no saben lo que cuesta producir, lo que cuesta seguir adelante, conseguir clientes, producir, tratar de tratar de exportar, tratar de crecer”, se lamentó Bada Vazquez al ser consultada por Clarín Rural.

Lacteos Vidal había apelado las resoluciones del magistrado que ordenaban cumplir con la reincorporación de los trabajadores despedidos sin causa, las multas conminatorias por desoír resoluciones judiciales, y los embargos producidos por la falta de pago a los trabajadores de Atilra con sus correspondientes sanciones económicas.

También había recusado a los Camaristas e interpuesto recursos de queja y apelaciones. La Cámara Nacional no le hizo lugar a ninguno de esos pedidos.

“Con estos fallos le pegan en la cabeza a los que tiramos del carro, a los que pagamos impuestos, a los que intentamos agrandar la plantilla y dar más trabajo, a los que tratamos de sacar una nueva línea de producción, a los que apostamos al país”, agregó la empresaria, y luego se dirigió directamente al sindicato: “Sé que Atilra está ensañado con nosotros porque no nos pudieron fundir, porque no cedimos a la extorsión del bloqueo.

Cuando me secuestraron la fábrica nosotros no cedimos a la extorsión, entonces se quieren vengar porque no lograron hacer la cooperativa para los vagos. Los empleados y nosotros, la familia, liberarnos de la mafia sindical de Atilra a Lácteos Vidal, y entiendo que al final del camino va a haber justicia.

Tenemos la conciencia tranquila, tanto la familia como los que siguieron trabajando, como los empleados nuevos. Estamos trabajando bien. Confío en que al final del camino va a haber justicia”.

Los antecedentes del caso

El 16 de agosto de 2022 a las 5 de la mañana, Atilra comenzó una protesta sindical frente a la planta de Lácteos Vidal de la calle Tinogasta 4995 de la ciudad de Buenos Aires, que incluyó aprietes y amenazas a trabajadores de la planta que querían ingresar a trabajar. El conflicto escaló con bloqueos por parte del sindicato a la fábrica de la empresa situada en la localidad de Moctezuma, en el oeste bonaerense, y tuvo como desenlace el despido de 26 trabajadores.

Luego hubo una medida cautelar contra esos despidos y la judicialización del caso. Alejandra Bada Vázquez, la propietaria de la empresa, con el patrocinio letrado de la abogada María Florencia Arietto, se constituyó como querellante.