Por su larga crisis, SanCor analiza cerrar definitivamente una de sus plantas. Hace un mes que el sindicato, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), retomó las medidas de fuerza con suspensiones en la producción, lo que provocó faltantes en las góndolas.
Ante la persistencia del conflicto gremial, y sin soluciones a la vista, la cooperativa láctea ahora evalúa desmantelar la fábrica de San Guillermo, en Santa Fe, que volvió a funcionar en junio luego de que estuviera parada durante tres años por falta de ocupación de la capacidad instalada. Allí se producen quesos blandos, con potencial para elaborar 180 toneladas mensuales.
Mientras la firma avanzó en la búsqueda de inversores, hizo alianzas para ampliar su producción, como lo hizo entre 2005 y 2009, con la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que tenía con Dairy Partners America (DPA), integrada por la compañía suiza Nestlé y la neozelandesa Fonterra. Así fue que este establecimiento se puso en marcha a través de un convenio comercial con la firma Aristeo SA, que le proveyó materia prima.
El negocio de SanCor funciona de forma limitada. Cinco de los seis complejos que están operativos trabajan a un tercio de su capacidad. Procesan entre 500.000 y 700.000 litros diarios, según la disponibilidad estacional de la materia prima. Este volumen representa apenas el 10% de los 4 millones de litros diarios que, en sus mejores épocas, la láctea llegó a elaborar. De los 5600 de empleados que tenía, hoy conserva 1600.
El objetivo es procesar entre 1,2 millones y 1,5 millones de litros por día para hacer uso pleno de la capacidad, y así abastecer al mercado interno y de exportación. Para eso, la cooperativa requiere financiamiento, una búsqueda que lleva adelante desde que en 2017 inició su reestructuración y que activó este año y el pasado, aún sin éxito.
Además de San Guillermo, la actividad se mantiene en los establecimientos ubicados en Sunchales y Gálvez, también en Santa Fe; y en Balnearia, Devoto y La Carlota, en Córdoba. En todos ellos, Atilra sostiene su bloqueo con asambleas rotativas de seis horas en horarios de trabajo, un formato que aplicó desde comienzos de año y mantiene diariamente desde el 14 de octubre.
La semana pasada se tensó el conflicto ante el fracaso de la solicitud de una conciliación obligatoria en una reunión clave con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Por la interrupción del proceso productivo que generan las medidas de fuerza de los empleados nucleados en el gremio, y con una caja con fondos escasos en medio de la crisis que enfrenta el sector lácteo, SanCor se queda sin opciones, teniendo en cuenta “el perjuicio económico que generan estos paros”.
El fideicomiso de SanCor que no fue
El conflicto gremial tomó fuerza con la demora en la implementación de un fideicomiso financiero, que se planteó desde el arranque de 2023 como una propuesta de salvataje para la láctea. No obstante, los meses pasaron y la iniciativa se freezó, hasta que terminó por caerse. En protesta, los trabajadores volvieron a activar los reclamos: piden que se garantice la continuidad de los puestos laborales y se regularice el pago de salarios.
En el sector, aseguran que los $ 1200 millones (u$s 6 millones, al tipo de cambio oficial de ese entonces) que el Gobierno destinó para SanCor a principios de año contribuyó a su recuperación, pero no significó un salvataje, teniendo en cuenta que solo se podía emplear para la adquisición de ‘insumos y servicios productivos’.
Aunque nadie se atreve a dar una cifra del capital que necesita la láctea para ponerse de pie, fuentes vinculadas a la empresa coinciden en que el monto que giró el Gobierno fue insuficiente. El proyecto de fideicomiso que propuso hace dos años un grupo de empresarios locales contemplaba una inyección de u$s 60 millones, un número 10 veces mayor al que el Gobierno anunció que le otorgaría.
El plan involucraba a interesados como Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond; y José Urtubey, hermano del ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y accionista de Celulosa Argentina, quienes apuntaban a hacerse cargo de la administración de SanCor, con el apoyo del Gobierno y Atilra. La semana pasada venció el plazo para la constitución de este proyecto y no hubo oferentes.
Todo ello, en un contexto desfavorable para la lechería, que desde hace años pierde rentabilidad. Según el último relevamiento del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), “en sus dos principales eslabones, la cadena exhibe números en rojo”, sumado al impacto del programa Precios Justos. “Los controles de precios, los derechos de exportación y el retraso cambiario, exacerbado por la caída de precios internacionales, disminuyen el poder de compra de la industria. Es posible que los resultados negativos se profundicen en los próximos meses”, advirtió la entidad.
