Atilra rechazó la propuesta y el acuerdo no se firmó. El gremio exige que SanCor salde la deuda contraída con los trabajadores y Atilra a través de un pago único, algo que la empresa láctea no está en condiciones de afrontar, a menos que aparezca un inversor. Pero a pesar de que días atrás el sindicato amenazó con realizar un paro nacional de 48 horas hasta que se resuelva el conflicto, nada de eso sucederá.

Luego de la audiencia anterior, realizada el 25 de junio en la Secretaría de Trabajo y con el mismo fin, Atilra sacó un comunicado donde le dio tiempo a Sancor para empezar a pagar la deuda hasta el viernes siguiente (cuando se realizó la última audiencia) porque de lo contrario comenzarían con las medidas de fuerza. Pero justo ese viernes, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley Bases y la amenaza del gremio se cayó.

Héctor Ponce, el titular de Atilra.

Foto: NA

La reforma laboral de la Ley Bases bloqueó a Atilra

Uno de los artículos que se incluyeron en la reforma laboral de la Ley Bases sanciona con el despido justificado los bloqueos o tomas de empresas. Este artículo afecta considerablemente a gremios como Atilra, ya que mantuvo un bloqueo de ocho meses sobre Sancor, que recién se comenzó a destrabar un mes atrás, con el acuerdo alcanzado a principios de junio.

El artículo N° 94 establece que “podrá configurar grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento”. A partir de la sanción de este artículo, Atilra se quedó sin la posibilidad de bloquear una empresa, su arma preferida para reclamar y que, entre otros daños, generó el cierre de la planta que SanCor tenía en San Guillermo, Santa Fe.

Además, la Ley Bases señala que existe una falta “grave cuando durante una medida de acción directa se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas; se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento y se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa”.

Esta modificación también golpea a Atilra, que amenazaba a los empleados de SanCor para que no vayan a trabajar y se sumen a la medida de fuerza. Por esta situación, el 27 de marzo de 2024, el fiscal Juan Manuel Puig, de la Fiscalía Regional N.º 5 de Rafaela, imputó a ocho empleados de la planta que SanCor tiene en Sunchales por los delitos de “amenazas calificadas por el propósito de compeler a otras personas a hacer abandono de su lugar de trabajo”. Puig también incluyó los cargos por “usurpación por turbación de la posesión” y “amenazas coactivas”.

Incluso, Atilra generó que SanCor se vea obligada a tirar 100.000 litros de leche que no se pudo procesar y se puso en mal estado, gracias a un bloqueo de tres días en octubre de 2023 que el gremio realizó en todas las plantas y centros de distribución del país. Este bloqueo puso en riesgo la cadena de producción para 3 millones de litros de leche.

El conflicto entre SanCor y Atilra continúa y finalizará recién cuando la cooperativa láctea consiga un inversor que le dé los fondos necesarios para saldar la deuda con el gremio. Pero a diferencia de momentos anteriores, SanCor vive una suerte de tranquilidad, mientras Atilra mantiene un leve reclamo, que incluye el pago de 300 mil pesos en efectivo “a las y los compañeros que actualmente retienen la prestación”.