“Con la comida no se juega”, es una de las frases que líderes gremiales, agricultores y ciudadanos destacaron en la crítica a la presentación de la nueva reforma del Ministerio de Hacienda que busca recaudar más de $23 billones.

La petición era clara y se lanzó desde el primer momento en el que se conoció que se eliminaban los bienes exentos.

Así que la semana pasada el documento cayó como baldado de agua fría a casi todos los gremios del agro, pues al pasar a excluidos los alimentos, efectivamente no tendrían IVA, pero toda su cadena sí. Esta situación demostró los vacíos que aún hay en la política agrícola del país y que reflejan que solo un movimiento del Gobierno de turno podría poner en jaque a todo un segmento de la economía.

Con la decisión, que aún va a medio camino, pero que según dicen líderes de los gremios ya muestra cómo será la realidad, se esperan incrementos de precios de más de 5%, una cifra que, sin duda, les hará un hueco a los bolsillos de los colombianos, sobre todo, a los de clase media que, aunque tienen ingresos por encima de $2 millones por hogar, no tienen derecho a una devolución como el resto de la población vulnerable.

La situación tiene en vilo al sector y los productores que luchan contra dificultades como el clima, productos importados, incoherencia en los intermediarios y hasta violencia en los territorios, y ahora tienen que sumarle a la lista una posible baja en el consumo local, que era el que salvaba la patria.

Menos huevos, menos litros de leche, porciones de carne más pequeñas es el panorama que avizoran. Según Fenavi serían cinco huevos los que se dejarán de consumir y Asoleche proyecta que el consumo se reducirá en ocho litros por persona cada año.

Para los gremios es necesario que se mire a consciencia una manera de hacer más competitivo al agro colombiano, con el fin de que sí se pueda convertir en la despensa global que se ha buscado.

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