La petición era clara y se lanzó desde el primer momento en el que se conoció que se eliminaban los bienes exentos.
Así que la semana pasada el documento cayó como baldado de agua fría a casi todos los gremios del agro, pues al pasar a excluidos los alimentos, efectivamente no tendrían IVA, pero toda su cadena sí. Esta situación demostró los vacíos que aún hay en la política agrícola del país y que reflejan que solo un movimiento del Gobierno de turno podría poner en jaque a todo un segmento de la economía.
Con la decisión, que aún va a medio camino, pero que según dicen líderes de los gremios ya muestra cómo será la realidad, se esperan incrementos de precios de más de 5%, una cifra que, sin duda, les hará un hueco a los bolsillos de los colombianos, sobre todo, a los de clase media que, aunque tienen ingresos por encima de $2 millones por hogar, no tienen derecho a una devolución como el resto de la población vulnerable.
La situación tiene en vilo al sector y los productores que luchan contra dificultades como el clima, productos importados, incoherencia en los intermediarios y hasta violencia en los territorios, y ahora tienen que sumarle a la lista una posible baja en el consumo local, que era el que salvaba la patria.
Para los gremios es necesario que se mire a consciencia una manera de hacer más competitivo al agro colombiano, con el fin de que sí se pueda convertir en la despensa global que se ha buscado.
