Mientras la opinión pública está absorta en el tema de la casa de la nuera y el hijo del Presidente, a pesar de no haber evidencias contundentes de conflictos de interés, en el subsuelo pasan cosas de las que casi no se hablan.
Una de ellas es que el gobierno y el presidente han estado apartando discretamente a personajes involucrados en casos de corrupción en varios niveles.
Por distintas dependencias han sido relevados personajes oscuros: desde SRE, donde dos funcionarios fueron echados y a uno lo obligaron a devolver una enorme suma de dinero, pasando por casos emblemáticos en el SAT, SCT, Segob, Bienestar, Cultura y Presidencia.
La serie de denuncias penales que han caído en la Fiscalía contra Julio Scherer Ibarra y sus múltiples familiares y socios, es otra muestra importante de eso. Pero hay más dentro de ese clan familiar.
A mediados de enero la oficial mayor de Hacienda, Thalía Lagunes, realizó una amplia investigación en Segalmex, Diconsa y Liconsa -que se sumó a la auditoría forense llevada a cabo por la ASF-, donde reportó graves anomalías.
La funcionaria alertó al presidente que las irregularidades podían configurar delitos de peculado, fraude, colusión de funcionarios y hasta delincuencia organizada, por lo que era necesario apartar a una serie de funcionarios.
Uno de ellos fue nada más y nada menos que el yerno de Julio Scherer Ibarra, Bernardo Fernández Sánchez, director de operaciones de Liconsa; un joven itamita que difícilmente hubiera llegado a ese puesto sin un acto de nepotismo.
Antes de llegar al gobierno, Fernández Sánchez fue socio y director corporativo de Grupo Kosmos, uno de los principales proveedores de alimentos para prisiones, la empresa de la que Scherer es socio y que aparece mencionada junto a él en los Pandora Papers.
Desde el inicio de su gestión al frente de Liconsa, el yerno de Scherer se vio involucrado en decisiones y acciones poco transparentes que dejan ver un evidente apetito por los negocios al amparo de lo público.
En agosto de 2021, El Universal dio cuenta de cómo al poco tiempo de integrarse a sus nuevas funciones, Fernández adjudicó de forma directa un contrato de 15 millones de pesos a Grupo Serel, una de las empresas integrantes de Kosmos.
Otro caso, del que no se había hablado hasta ahora, es el convenio establecido con una empresa llamada Coprolac para descremar y deshidratar leche fluida a un costo por maquila superior al del mercado, en claro detrimento del interés público.
El convenio, firmado el primero de mayo de 2020, y disponible en la página web de Liconsa, estableció que Coprolac recibiría por parte de la paraestatal leche fluida de pequeños productores nacionales para descremarla y deshidratarla a fin de producir leche en polvo.
Por descremar el líquido se acordó que Coprolac pagaría a Liconsa 21 pesos por kilo, cuando su valor en el mercado era entonces de 29.5. Así, por cada kilo la empresa habría obtenido un lucro de 8.5 pesos adicionales. Pero la lista de irregularidades observadas es más larga.
Aunque no lo parezca, la 4T está luchando contra la corrupción. No lo hace de forma escandalosa, y no suele sancionar a los corruptos -como debiera-, pero a diferencia del pasado hay un gobierno y un presidente que ni consiente ni es cómplice de la corrupción.
En cualquier gobierno hay y habrá corruptos, el tema es si estos perduran o se les cortan las garras. Comenzar a “des-scherizar” la 4T es un paso en la dirección correcta. Un paso importante que necesita otros pasos más.
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