La fijación de precios le puede costar muy cara a la industria láctea. Después de que en 2019 la CNMC sancionara con 80,6 millones de euros a ocho empresas -Danone, Lactalis, Nestlé, Central Lechera Asturiana, Pascual, Puleva, Pascual, Schreiber Foods- y dos organizaciones empresariales -la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia y el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña- por haber pactado los precios, la batalla se recrudece.
Alrededor de siete mil ganaderos se han unido ya para presentar una oleada de demandas por la vía mercantil y reclamar un total de 800 millones de euros en concepto de daños y perjuicios.
Es el equivalente al 10% del volumen de las compras realizado durante el periodo a lo largo del cual, según siempre la CNMC, se extendieron las prácticas anticompetitivas, entre los años 2000 y 2013.
El proceso legal lo está liderando Eskariam, una firma de servicios jurídicos especializada en demandas colectivas de alto valor y grandes litigios, que se ha aliado para ello al despacho de abogados norteamericano Hausfeld, líder internacional en reclamaciones de daños por cárteles, y que cuenta además con la colaboración de varios bufetes bufetes locales que estaban trabajando ya en acciones similares.
Aunque la industria láctea ha recurrido la multa de Competencia ante la Audiencia Nacional, Juan Álvarez, director de Operaciones de Eskarian, explica que, aunque “las demandas pueden ir presentándose ya, antes incluso de que haya una sentencia firme y una vez que la normativa comunitaria permite reclamar una vez que se ha comprobado la existencia del cartel”. Álvarez indica que “todavía es pronto para saber cuantas demandas se pueden interponer porque algunas de ellas podrían agruparse aunque el importe ya está definido”.
Eskarian ha solicitado para ello los servicios de Compass Lexecon, consultora líder a nivel mundial de expertos económicos especializados en este tipo de reclamaciones de competencia, que es la que ha elaborado el informe pericial. David Fernández, consejero delegado de la firma de servicios jurídicos, apunta en este sentido que “gracias a la inteligencia artificial y el uso de algoritmos hemos sido capaces de examinar medio millón de facturas”.
Los ganaderos podrán presentar las demandas tanto contra la empresa a la que vendieron la leche como contra cualquiera de las que formaban parte del cártel, al haber sido supuestamente responsables también del cierre del mercado.
De forma paralela, Eskariam se ha personado también en la Audiencia Nacional, donde está llevando a cabo la defensa de una Sociedad Agraria de Transformación (SAT) perjudicada para apoyar las sanciones impuestas por la CNMC y procurar, según dicen, que este tipo de prácticas anticompetitivas en el sector lácteo no se repitan en el futuro. De momento, los ganaderos cuentan ya con una primera victoria en esta batalla de David contra Goliat.
Y es que en julio del año pasado, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada dictó la primera sentencia en la batalla abierta contra las empresas condenando a indemnizar a una sociedad agraria de transformación (SAT San Antón, integrada por 17 socios, ganaderos de La Ribera en Navarra) por los acuerdos que llevaron a cabo y que se tradujeron en reducciones a la baja de los precios de compra de leche cruda y en el reparto de proveedores.
Tres de las compañías demandas (Puleva Food, Corporación Alimentaria Peñasanta y Central Lechera de Galicia) han tenido que hacer frente así al pago de un total de 1,8 millones de euros, lo que supuso, no obstante, solo el 14 % de lo que reclamaban los ganaderos. Schreiber Foods, en cambio, fue absuelta.
Según dictaminó la CNMC en su resolución hace dos años, las prácticas anticompetitivas llevadas a cabo por los infractores consistieron en intercambiar información, a nivel nacional y regional, sobre precios de compra de leche cruda de vaca, volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de leche.
Intercambio de información
“Estos intercambios de información estratégica se produjeron en distintos foros y versaron sobre distintas materias, si bien todos ellos tuvieron el objetivo común de consensuar y adoptar una estrategia conjunta para controlar el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca”, según concluyó Competencia.
Además, según afirmaba la resolución, en determinados momentos, se habrían materializado en acuerdos concretos para coordinar los precios de compra de leche y para la cesión de ganaderos entre industriales.
Siempre según la resolución de la CNMC, “las empresas transformadoras dialogaron e intercambiaron información sobre los precios de compra que ofrecían a sus ganaderos, los que iban a ofrecer en un futuro, la identidad de los ganaderos y los volúmenes adquiridos de éstos, o la identidad de los ganaderos que tenían intención de cambiar de transformador y posibles medidas para evitarlo”.
Esta información permitía ajustar su comportamiento y evitar ofrecer mejores precios y condiciones comerciales a los ganaderos, limitando la competencia en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda.
“Como consecuencia de ello los ganaderos, carecían de libertad para fijar el precio de su producto y la empresa a la que suministraban, distorsionando el normal funcionamiento del mercado en beneficio de los transformadores”, aseguraba Competencia. Las comunidades autónomas más afectadas por la acción del cártel son, fundamentalmente, Galicia (57%), Castilla y León (35%) y Asturias (6%).
