Luego de que la administración anterior quitó transitoriamente el impuesto a las leches sin aditivos (con una presencia marginal en el mercado), días atrás el Gobierno nacional propuso unificar el IVA a todos los tipos de leches en el 10,5 por ciento, la mitad de la alícuota general.
En cuestión de horas, las acusaciones mutuas sobre quién subió o bajó el impuesto dominaron el debate, sin que nadie avanzara sobre la cuestión de fondo.
La quita o la rebaja del IVA a este alimento básico es una medida cada vez más extendida en el mundo. Según reportes de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en Inglaterra o en Irlanda, por ejemplo, la leche está exenta por completo del tributo; y en Italia, en España o en Alemania paga alícuotas superreducidas, de entre cuatro y seis puntos. Más cerca, en Uruguay, la leche tampoco paga IVA.
En los últimos años, el consumo de leche en nuestro país viene en franco descenso. Según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (Ocla), en 2019 el consumo per capita fue de 182 litros, lejos de los 217 litros de 2015 y apenas por encima de los 179 de 2003, tras la crisis de la convertibilidad. La baja fue más notoria entre los niños de hasta 14 años, entre los que más golpean la pobreza y la indigencia.
Y ello a pesar de que en el último año la leche fue uno de los productos que menos aumentó de la canasta básica. El litro de leche de primera marca se mantiene en torno de los 55 pesos desde hace varios meses. Eso sí: entre 2018 y 2019 se encareció más del 100 por ciento, lo que provocó un derrumbe en el consumo que todavía hoy no se logra recuperar.
Una reciente investigación de la consultora Kantar reveló que el 86 por ciento de los argentinos consumen menos productos lácteos que los recomendados por el Ministerio de Salud (tres porciones diarias). Y que el seis por ciento directamente no toma leche. En ello influyen cuestiones culturales, pero sobre todo económicas.
De acuerdo con un estudio de la Fundación Fada, en Argentina el 26 por ciento del precio final de un litro de leche son impuestos (no sólo IVA, también Ingresos Brutos y cargas municipales). Y se trata de tributos que alcanzan a todas las etapas de la producción y de la comercialización, por lo que una eventual quita del IVA debería hacerse efectiva a lo largo de toda la cadena, para que se note una baja real en el precio al público.
Vamos a decirlo sin vueltas: la leche no debería pagar impuestos. Se trata del alimento más indispensable para el ser humano y es consumido principalmente por niñas y niños. Bajar su precio lo más posible a través de la quita de impuestos no sólo sería una medida económica, también sería una política social, sanitaria y hasta educativa. Y, la verdad, no importa quién lo decida.