Las razones detrás de la movilización del sindicato lácteo son profundas y señalan un deterioro en la situación laboral. Los principales puntos de fricción giran en torno a lo que la FTIL califica como un “ataque directo al sindicalismo”. El sindicato exige una solución para la falta de reapertura de la planta de Lactalis en Cardona, una situación que afecta a cerca de 100 familias, y protesta enérgicamente por el despido de 32 trabajadores de la empresa Claldy, a los que considera “compulsivos” y realizados sin respetar los canales de negociación.

Para los líderes sindicales, como Pablo González, estos conflictos no son incidentes aislados, sino parte de una estrategia más amplia de las empresas para debilitar la capacidad de negociación de los trabajadores. La frecuencia y gravedad de las disputas han llevado a la FTIL a solicitar una mayor y más decidida intervención del Estado. Argumentan que, sin una mediación gubernamental, los trabajadores se encuentran en una posición de desventaja frente al “poder empresarial” en las negociaciones de los Consejos de Salarios.

Una paralización de 24 horas en el sector lácteo tiene un impacto significativo, ya que interrumpe la delicada cadena de valor lechera. Aunque el artículo no detalla las consecuencias exactas, es evidente que el paro afecta la recolección de leche en los tambos de los productores lecheros, el procesamiento en las fábricas y la posterior distribución a los puntos de venta. Esta disrupción genera pérdidas económicas, tanto para las empresas como para los productores, y podría afectar el suministro de productos a los consumidores.