En los últimos días, la Justicia de Villa María resolvió sobreseer a los empresarios que tenían la extinta empresa Lácteos Pozo del Molle. Estaban acusados de “estafa” y de “libramiento de cheques sin fondos”.
Precisamente, se trata de Julio Alberto Iraztorza y sus hijos Julio Eduardo y Maite, en tanto que también está involucrado en la misma causa un directivo de la empresa, Pablo Mattoni. Sobre los empresarios sobreseídos pesaban dos causas, una de ellas sobre el libramiento de cheques sin fondos. Según la investigación, encabezada por el fiscal René Bosio, habrían emitido 2.500 cheques sin fondos por un valor de 14 millones de pesos en 2015 y 2016.
Asimismo, la otra causa por la que estaban acusados es la de estafa. De acuerdo a la acusación, Lácteos Pozo del Molle habría recibido materia prima (leche cruda) asumiendo el compromiso de pagarla después con productos elaborados, tales como leche en polvo.
Sin embargo, nunca habrían abonado la leche entregada por tres millones de pesos (a valores de 2015 y 2016) a la Cooperativa de Tamberos La Nueva del Oeste; ni tampoco habrían cumplido con la empresa La Granja, del empresario lácteo Carlos Vázquez, quien reclama el pago de 309.000 mil litros de leche cruda.
Según consta en la causa, cada vez que este último empresario reclamaba el pago de lo adeudado, recibía como respuesta que fuera a hacer cola con el resto de los acreedores, aunque con una dificultad: tenía que ir a Buenos Aires, dado que en la Justicia de esa provincia se tramitó la quiebra de lácteos Pozo del Molle.
Este contexto de dificultad para poder cobrar, motivó que la fiscalía haya investigado la causa, porque entendía que eran trabas que ponían los empresarios para evitar cumplir con los compromisos. La inició el exfiscal Daniel Del Vö y la continuó Bosio, que después de recabar pruebas y testimonios decidió elevarla a juicio en mayo del año pasado, con la carátula de libramiento de cheques sin fondos y estafa.
El abogado de la familia Iraztorza, Rodrigo Hayas y el de Mattoni, Sebastián Elías, se opusieron a esa elevación. En los últimos días, la jueza de control, quien analizó el pedido de los defensores, decidió firmar la resolución que sobresee a los empresarios.
Se pudo conocer que centralmente, la magistrada entendió que la cuestión debía dirimirse en el fuero civil, porque era una cuestión comercial, y no en el ámbito penal. Por esa razón es que los sobreseyó, cerrando así una historia judicial de casi siete años. Finalmente, es preciso destacar que los abogados de los denunciantes tienen opciones de recurrir esta decisión, aunque han decidido no hacerlo.
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