El viernes se hacía pública una nueva sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las principales empresas lecheras de España. La sanción, de más de 80 millones de euros, se justifica en demostradas “prácticas anticompetitivas” como intercambiar información sobre precios de compra de leche cruda de vaca, volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de leche.
Las empresas Calidad Pascual, Danone, Lactalis, Nestlé, la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (Aelga), Central Lechera de Galicia (Celega), Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa), el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL), Industrias Lácteas de Granada (Puleva) y Schreiber Food España (antes Senoble Ibérica) intercambiaban información sobre los precios de compra que ofrecían las empresas a sus ganaderos, los que iban a ofrecer en un futuro, la identidad de los ganaderos y los volúmenes adquiridos de éstos, o la identidad de los ganaderos que tenían intención de cambiar de transformador y posibles medidas para evitarlo.
Los ganaderos, entre la satisfacción y el temor a pagar ellos la multa
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha manifestado los “sentimientos encontrados” que genera entre los productores de leche la multa de la CNMC a las industrias láctea. Por un lado, se reconocen satisfechos, “pues siempre es agradable tener razón”, y por otro confiesan su temor a que las empresas sancionadas repercutan ahora la sanción en los precios pagados a los ganaderos.
A juicio de UPA ha quedado “de sobra demostrado” que todas las empresas lácteas de España se ponían de acuerdo para mantener hundidos los precios que percibían los ganaderos. Mientras las empresas “usan a sus ganaderos” en campañas de publicidad para blanquear su imagen, “por detrás nos dan puñaladas traperas”.
Piden extremar la vigilancia al cártel lácteo
UPA ha pedido que tanto Competencia, como el Ministerio de Agricultura –en especial la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)- “vigilen ahora muy de cerca al cártel lácteo” para que no repercutan la multa en los más débiles: los ganaderos y ganaderas, o incluso los consumidores.
La organización de ganaderos ha propuesto que el importe de la sanción se destine íntegramente a ayudar al sector ganadero en la situación de “crisis profunda” en la que se encuentra, así como a luchar contra la despoblación.
La Unión de Pequeños Agricultores ha explicado que aún hoy la situación de precios hundidos en origen, de dependencia extrema de los ganaderos a las industrias y de falta de poder negociador del primer eslabón son “una realidad dramática”, que provoca un goteo continuo de cierre de granjas: no en vano 840 granjas de vacuno de leche han cerrado en España en el último año.
