Aunque el plazo termina el próximo 11 de julio, más de un millar y medio de granjas gallegas tienen ya ultimada la denuncia que presentarán contra el denominado cartel de la leche, un conjunto de una decena de empresas lácteas a las que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acusa de haber distorsionado, con prácticas fraudulentas, el mercado entre los años 2000 y 2013.
«Se temos en conta casos e resolucións xudiciais similares, poderíase calcular unha merma nos ingresos das granxas de arredor do 10% durante o referido período. O que traducido a diñeiro pode supoñer na volta de tres céntimos por cada litro de leite entregado á industria. De todos xeitos, hai que ser cautos e esperar ás probas periciais e, sobre todo, a sentenza final porque as cifras poden diminuír ou incluso ser maiores», explica Félix Porto, coordinador jurídico de Unións Agrarias (UU.AA), única entidad personada desde el principio en todo el procedimiento y que está dispuesta a ir hasta «as últimas consecuencias para que os gandeiros recuperen o que entendemos lles foi quitado de forma ilegal». De hecho, el sindicato ofrece este trámite de forma gratuita a todos los productores, tanto en lo referente al respaldo jurídico como a las pruebas periciales necesarias para cuantificar el dinero perdido. Solo en el momento en el que los afectados perciban las indemnizaciones que les corresponden el sindicato cobrará el 10% de esa cantidad a sus afiliados y el 20% a aquellos ganaderos que no lo sean.
«Actualmente temos en carteira na volta de 1.300 demandas, aínda que pensamos que a cantidade pode achegarse ás 2.000 no momento en que se peche o prazo», explican desde el servicio jurídico del sindicato que se ha reforzado con nueve personas que también representan a algunos ganaderos de comunidades como Asturias o Castilla y León y que animan a todos los afectados a reclamar.
De hecho, pueden hacerlo todas las explotaciones que vendiesen leche cruda en el referido período de tiempo con independencia de que actualmente estén o no en activo. Solo es necesario demostrar el volumen de entregas de leche, bien con las correspondientes facturas de compra o bien con un certificado del Ministerio de Agricultura donde se relacione la cantidad de materia prima producida por cada explotación.
DENUNCIA CONTRA LA TOTALIDAD DE LAS INDUSTRIAS
Aunque la resolución de la CNMC ponía el foco sobre siete industrias _Capsa, Danone, Lactalis, Industrias Lácteas de Granada, Pascual, Nestlé, Schreiber Food_ y dos entidades asociativas ?Asociación de Empresas Lácteas de Galicia y Gremio de Industrias Lácteas- desde UU.AA. no descartan interponer denuncias contra la totalidad de las industrias, pues entienden que también se beneficiaron de la «distorsión provocada no mercado por estas prácticas fraudulentas».
En cualquier caso no resultará sencillo actuar contra empresas comercializadores de base cooperativa donde los propios socios son los que, en teoría, establecen los precios y condiciones de recogida de su leche ni contra las firmas Industrias Lácteas Asturianas (Reny Picot), Grupo Leche Rio, Feiraco Lácteos, Leche Celta, Forlactaria Operadores Lecheros o Central Lechera Asturiana a las que la CNMC también considera culpables de actuaciones prohibidas pero a las que, sin embargo, ya prescribió su sanción.
LAS GRANJAS DEJARON DE INGRESAR MÁS DE 400 MILLONES DE EUROS
Si bien no resulta sencillo calcular el importe que dejaron de ingresar las explotaciones gallegas durante un período tan prolongado de tiempo ?las sanciones varían en función de las empresas y de las anualidades- , desde el propio sector se insiste en que la cantidad alcanzaría varios cientos de millones de euros.
Teniendo en cuenta que durante el período 2000-2013 ?se excluye del cálculo el año 2005 en el que, al parecer, no hay evidencias de actuaciones fraudulentas- se produjeron en Galicia más de 29,5 millones de toneladas de leche, el 40 % de toda la materia prima recogida por las industrias en el conjunto del estado.
Aún dando por supuesto que sólo la mitad de esa leche fuese liquidada a unas cotizaciones más bajas de las que les correspondería en un mercado sin distorsiones artificiales, el importe dejado de ingresar ?se toma la referencia de tres céntimos por litro- por las granjas gallegas ascendería a más de 440 millones de euros.
DESEMBARCO DE BUFETES DE TODA ESPAÑA
Buena prueba de la importancia que, de fructificar, podría alcanzar esta demanda colectiva es el hecho de que durante las últimas semanas han desembarcado en Galicia varios bufetes de abogados con sede en Madrid y Barcelona dispuestos a ofrecer sus servicios a las granjas de la comunidad.
Algunos de ellos incluso se han asociado con profesionales locales de comarcas eminentemente ganaderas como Xallas u Ordes e incluso firmado convenios con asociaciones de ganaderos ?caso de Agromuralla en Lugo- con el fin de dar a conocer mejor su actividad. La mayoría de estos despachos coinciden en ofrecer sus servicios de forma gratuita estableciendo sus minutas en función de la indemnización que se acaba recibiendo.
Otro tanto están haciendo bufetes gallegos, alguno de ellos especializados en otras demandas colectivas como el de las preferentes o las clausula suelo hipotecarias, que han visto en este procedimiento abierto contra las lácteas una nueva línea de negocio.
INICIO DEL PROCESO
Aunque la resolución de la CNMC es del julio del pasado año, el proceso contra las empresas lácteas arrancó en el año 2011 con una denuncia de Unións Agrarias apoyada por un estudio sobre la realidad del sector elaborado por el Servicio para la Defensa de la Competencia de Castilla y León.
Cuatro años más tarde, el regulador estatal impone una sanción de 88,6 millones a 11 empresas lácteas y dos asociaciones por prácticas que atentaban contra la libre competencia. Resolución que fue anulada por un defecto de forma y dictada de nuevo en el 2019 con una nueva propuesta de sanción que reducía la multa en ocho millones a ocho industrias.
En su escrito de conclusiones, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia daba por probado que las industrias dialogaron e intercambiaron información sobre los precios de compra que iban a proponer a los ganaderos, la identidad de las granjas y los volúmenes adquiridos a cada una. También sobre la identidad de los ganaderos que tenían intención de cambiar de transformador e incluso posibles medidas a poner en marcha con el fin de evitarlo.