La empresa Lácteos Vidal volvió a tener actividad tras el bloqueo que ejerció allí la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) por más 2 meses en la fábrica de Carlos Casares.
Tras la protesta, que en algún momento también se extendió a su fábrica de la Ciudad de Buenos Aires, la dueña de la firma, Alejandra Bada Vázquez, aseguró que están trabajando a un 60% de su capacidad productiva e incorporó a 13 personas tras el despido de 26 empleados que participaron de la protesta. Ahora, espera que la Justicia falle a su favor, luego de una cautelar que dejó en suspenso esas desvinculaciones.
“No los vamos a reincorporar. Cerramos la fábrica”, dijo tajante la propietaria de la compañía, sobre un posible fallo adverso de la Justicia.
“Es una propiedad privada y no vamos a poner en riesgo la salud de la población porque manipulamos leche y pueden envenenarla, y por la integridad física de los que trabajaron”, enfatizó.
“Vamos a reconstruir la empresa por la gente que está trabajando, pero no podemos permitir que vuelvan los violentos por la seguridad e integridad física del personal”, comentó Bada Vazquez al ser consultada por Clarín.
En la firma trabajaban 46 personas, pero tras despedir a 26 empleados que participaron del bloqueo, y “liberar de prestar tareas” a otros 3 a los que no pueden desafectar por ser delegados gremiales, quedaron con solo 17 integrantes.
Sin embargo, en los últimos días, con el objetivo de recuperar la producción de sus principales productos, como la muzzarella y el queso cremoso, contrataron a 13 trabajadores. Ante este contexto, la firma está produciendo a un 60% y prevén llegar a un procesamiento pleno de 120.000 litros diarios, en el próximo bimestre.
Conflicto judicial
No obstante, la empresa espera la definición judicial tras la apelación de la cautelar presentada por el gremio para frenar los despidos y el proceso de desafuero de 3 delegados sindicales.
El magistrado José Ignacio Ramonet, a cargo del Juzgado Nacional de Trabajo N° 69, hizo lugar al planteo de Atilra y resolvió que la empresa demandada “se abstenga de innovar en los contratos de los trabajadores que participaron en una medida legítima de acción sindical (huelga), debiendo proceder a la inmediata reinstalación de los afectados”.
La defensa del gremio
Unos 21 empleados de la fábrica firmaron con nombre, apellido y DNI una carta en la que aseguraron que el reclamo se realizó de forma pacífica y pública, sin bloqueos, y acusan a la dirigencia de la empresa de negarse al diálogo y de acudir a la violencia para “amedrentar” a los trabajadores.
“Hubo uso y exhibición de armas de fuego para amedrentar compañeros por parte de uno de los dueños; la embestida con un camión de reparto conducido por otra de las dueñas, dañó el portón de entrada y provocó la caída violenta de compañeros presentes”, advirtieron en un texto publicado en el sitio web de Atilra.
Además, desde el gremio vincularon a la dirigencia de la empresa con un “movimiento anti bloqueos” al que pusieron en la misma categoría que otros grupos como Revolución Federal.
“Criminalizar el reclamo laboral es una tóxica estrategia”, dijeron desde Atilra en un comunicado. Y agregaron: “Nosotros solo somos trabajadores que reclamamos por nuestros derechos, constitucionalmente protegidos a partir de incumplimientos patronales reconocidos por la propia empresa”.
