Las opas afirman que estarán «vigilantes» para que se cumpla la Ley de Cadena Alimentaria y se pague a los ganaderos «precios por encima de los costes de producción»

La Alianza UPA-COAG pidió este lunes «responsabilidad» a las industrias lácteas de Castilla y León para que «no jueguen temerariamente con el presente y el futuro de los ganaderos de ovino de leche» y den a conocer las condiciones económicas de los nuevos contratos para este sector de cara al año 2022.

Y es que, según informó la alianza a través de un comunicado remitido a Ical, «los ganaderos siguen sin conocer las condiciones económicas de los contratos lácteos para este año 2022», en una maniobra que desde UPA-COAG temen que sea «interesada» por parte de las empresas para «retrasar el tiempo hasta que conozcan los precios que la distribución marque a determinados productos lácteos en los lineales».

Para las opas, se trata así de «una nueva estratagema y acción interesada por parte de las industrias lácteas para conseguir mayores beneficios a costa de los ganaderos, que se encuentran en una situación límite debido a los altísimos costes de producción que llevan asumiendo desde hace meses por los precios tan elevados de piensos, electricidad, gasóleo y resto de insumos».

Atentos a los movimientos de la industria láctea

En este sentido, la alianza UPA-COAG recordó a las industrias lácteas que estarán «muy vigilantes» con el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria para que los ganaderos «cobren unos precios por encima de los costes de producción», y así ni industria ni distribución «se aprovechen del esfuerzo y del trabajo remunerado que se merece el primer eslabón de la cadena».

De lo contrario, tal y como advierten desde la alianza UPA-COAG, «la mitad de las explotaciones dedicadas al ovino de leche en Castilla y León verían peligrar su supervivencia en 2022 si los precios no se ajustan a la realidad actual».

Por ello, insisten en que se pague «un precio justo por la leche de oveja» y requieren a la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Agricultura que «tomen conciencia de este problema y actúen, si fuera necesario, para que se cumpla la Ley de Cadena Alimentaria», impidiendo con «sanciones duras» cualquier «maniobra interesada» que quiera «arruinar» a las explotaciones de ovino de Castilla y León.

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