Este hecho es el más preocupante que amenaza al sector lácteo andaluz, pero no es el único. Los ganaderos se ven abocados a introducir en la gestión de sus explotaciones toda una serie de medidas que incrementarán sus costes de producción: se trata de nuevos sistemas de alimentación animal que suponen limitaciones en la utilización de medicamentos y antibióticos, de restricciones en el uso de purines para la reducción de emisiones de amoniaco, de reducciones en la utilización de plásticos, o de las importantes medidas para garantizar el bienestar de los animales.
“Desde nuestra organización, apoyamos buena parte de esas medidas, porque consideramos que son coherentes con el modelo de ganadería que defendemos, pero entendemos que suponen un aumento significativo de los costes de producción y que ese aumento debe verse reflejado en los precios que perciben por su leche. Si queremos calidad en la producción y sostenibilidad en el manejo de las explotaciones y en la gestión del medio ambiente, debemos asumir que esos propósitos tienen un coste y que no pueden ser los ganaderos los únicos que asuman esa carga”, ha explicado Miguel Cobos, secretario general de UPA Andalucía.
Desde la organización agraria saludan como una excelente noticia el inminente etiquetado precisando el origen de la leche y de los productos lácteos. De esta manera, el consumidor podrá disponer de una información básica para conocer de dónde procede la leche que consume y cuáles son los niveles de calidad del proceso productivo. Otra buena noticia es la reducción drástica en la utilización de la leche como producto reclamo por parte de las grandes cadenas de distribución alimentaria; de ello se deduce que las campañas denunciando la banalización de la leche y la venta por debajo de sus costes de producción han surtido efecto.
Hay que destacar que los niveles de consumo de leche y productos lácteos parecen haber frenado su tendencia a la baja. El consumo de leche se ha mantenido estable y se han detectado incrementos en las demandas de productos lácteos.
Desde UPA, vienen denunciando desde hace tiempo la efectiva congelación de los precios de la leche en los contratos presentados por la mayoría de las industrias, situación que en ningún caso refleja las tendencias de los mercados internacionales. Los contratos se han convertido en una especie de “tarifa plana” que ajusta a la baja el precio de la leche y no refleja las alteraciones del mercado ni los incrementos en los costes de producción.
Estos contratos secuestrados, que establecen precios prefijados a la baja durante largos periodos, constituyen una amenaza para la sostenibilidad del sector. La búsqueda de beneficios a corto plazo es un peligro para el futuro de la base productiva de las cadenas lácteas.
“Siempre hemos considerado que el modelo de explotación agraria familiar es el que mejor garantiza una excelente calidad de los productos agrícolas y ganaderos, junto a una adecuada conservación de los recursos medioambientales evitando, además el despoblamiento del medio rural. Andalucía es una gran potencia agroalimentaria, con una enorme capacidad de exportación y, esa situación, se ha conseguido basándose en una estructura de producción compuesta por muchas pequeñas y medianas explotaciones rurales. En UPA consideramos que la vinculación entre el tamaño de la explotación y la competitividad es una falacia que la realidad desmiente continuamente”, ha apuntado Cobos.
Las explotaciones familiares, y particularmente las ganaderas, son las que mejor aseguran el empleo en las zonas rurales, con el añadido de que, además, lo hacen allí donde no existe ninguna otra alternativa viable, como es el caso de las zonas de montaña.
La política agraria de la UE tiende a priorizar de manera decidida principios y criterios de sostenibilidad entendida globalmente y, en ese sentido, el modelo familiar agrario es el que presenta mayores ventajas y fortalezas. Desde UPA defienden que el auténtico modelo de futuro para la ganadería y la agricultura es el basado en las explotaciones familiares agrarias, porque es el que puede garantizar mayores niveles de calidad y de proximidad al consumidor, fija población en el medio rural, gestiona de forma adecuada el medio ambiente y promueve la sostenibilidad.
