UPA, que reclama la devolución del dinero «usurpado» por las industrias lácteas entre los años 2000 y 2013, que podría ascender a más de 1.200 millones de euros, ha asegurado que «lleva años luchando para que se reconozca el derecho del sector primario a percibir precios justos por sus productos, una lucha que avanza a pesar de las trabas que tratan de poner los responsables del desequilibrio en la cadena».
«Hoy pretendemos que quede acreditado judicialmente ese comportamiento ilícito de la industria láctea para iniciar las reclamaciones del daño económico infligido a los ganaderos», ha señalado a las puertas de la Audiencia Roberto García, secretario general de Unións Agrarias-UPA Galicia ante el juicio por el Cártel Lácteo