Aunque el 11 de julio expiraba el plazo para presentar las reclamaciones este periodo se ha ampliado hasta el mes de septiembre debido al estado de alarma originado por la COVID-19, por lo que las oficinas de UPA en Castilla y León están en disposición de seguir sumando reclamaciones de afectados.
Recuerdan que la CNMC multó hace meses a Corporación Alimentaria Peñasanta , Danone, Lactalis Iberia, Industrias Lácteas Granada, Calidad Pascual, Nestlé España, Schreiber Food España, Gremio Industrias Lácteas de Cataluña, Asociación de Empresas Lácteas de Galicia y Central Lechera Galicia.
La organización agraria asegura que ha encabezado la defensa de los ganaderos de leche en Castilla y León, entre otros motivos porque fuimos nosotros los que desenmascaramos todo el entramado de las industrias lácteas, lo que condujo a la posterior sanción impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia el 11 de julio de 2019 contra ocho industrias lácteas y dos asociaciones a pagar 80,6 millones de euros en multas por `prácticas anticompetitivas´.
El departamento jurídico de UPA avala el posicionamiento de la CNMC al considerar que las industrias habían utilizado prácticas ilícitas “manipulando y tergiversando la realidad llegando a un acuerdo de reparto de productores e impidiendo que estos pudieran cambiar de industria, fijando precios y manipulándolos”. Contra la resolución de la Comisión, las industrias presentaron un recurso contencioso-administrativo, y ahora estamos a la espera de sentencia definitiva de la Audiencia Nacional para que se resuelvan las demandas que se presenten por parte de los ganaderos.
La organización agraria considera que el sector está ante una oportunidad histórica para que los ganaderos de vacuno de leche sean compensados por las prácticas ilícitas llevadas a cabo durante años por las industrias lácteas.
UPA ha decidido defender los legítimos derechos de los ganaderos de Castilla y León y de otras partes de España, y les estamos ofreciendo a los productores no pagar nada en todo el proceso judicial (gastos de procurador, poder notarial, gasto pericial), salvo que cobren los ganaderos (porque podrían ganar y no cobrar). Según nuestros cálculos, los profesionales lácteos afectados podrían recuperar un 10 % (tres céntimos por litro) de lo detraído entre el 1 de enero del 2000 al 31 de diciembre del 2013 por parte de las industrias lácteas.
