En rueda de prensa en Santiago, el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, ha señalado que Galicia servirá como “prueba de estrés” de la puesta en marcha del decreto de medidas urgentes en materia de agro aprobado el martes por el Consejo de Ministros.
El sindicato agrario valora que la “diferencia” que incluye este decreto respecto a lo acordado en las últimas décadas es que se “tipifican unas conductas como ilegales”, con sanciones de hasta 100.000 euros. Así, no se trata de un “código de buenas prácticas” como el acuerdo lácteo de 2015 para las ventas a pérdidas y utilización de la leche como producto reclamo.
De tal forma, se “ataca” como “ilegal” cualquier pago por debajo de costes de producción a lo largo de la cadena. Por tal motivo, Unións Agrarias cree necesario actualizar esos costes que datan de 2017, a la vez que se debe incluir un margen de beneficio para los ganaderos.
Ahora, las organizaciones agrarias estarán legitimadas para presentar denuncias por incumplimientos, pero también podrán tener acceso a todo el proceso. Con ello, se podrá dar “publicidad” a las sanciones a las industrias y distribución.
Entre otros avances en el decreto, Unións Agrarias se refiere a la demanda realizada “desde hace tiempo” para una modificación del sistema de tributación de jóvenes que se incorporen al agro. A partir de ahora, podrán hacer un pago fiscal disgregado en cuatro años, en vez de tener que hacerlo de forma conjunta en el primer ejercicio.
ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS “OBJETIVA”
El secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, indica que existe un precio base de 32,5 céntimos por litro de leche que necesita una actualización “a día de hoy”.
A modo de ejemplo, Ulega -la organización de productores impulsada por Unións Agrarias- se encuentra en negociaciones para renovar unos 2.000 contratos de leche, que equivalen a 700 millones de litros.
Considera que se debe “escapar de la indicación de parte” para elaborar los costes de producción, ya que tiene que realizarse de forma “objetiva”, por lo que emplaza a la reunión de la interprofesional láctea para fijar esa construcción de precios de “abajo a arriba”.
Además, Unións Agrarias también ha puesto deberes a la Xunta, ya que requiere al Gobierno gallego que excluya de las convocatorias de ayudas públicas a aquellas empresas que incumplan la ley de cadena alimentaria.
NUEVA LEY
Más allá del decreto, según explica Roberto García, el ministro de Agricultura, Luis Planas, trasladó en una reunión el pasado martes que el próximo viernes entrará en el Congreso una nueva ley contra prácticas deseales para adaptarse a la normativa europea.
Esta nueva ley permitirá incluir aspectos “poco definidos” en el decreto, como cuál va a ser el sistema de elaboración de costes de producción y qué papel van a tener observatorios autonómicos para la fijación de precios de la leche, carne o uvas.
Junto a esto, existen compromisos del Ministerio para aplicar un incremento del 10% para la partida de seguros agrarios, mantener la bonificación de gasóleo agrícola, unido a una exención fiscal en el arrendamiento de tierras.
