Luego de no poder completar el pago de sueldos correspondiente a febrero para los trabajadores de sus dos plantas (Avellaneda y San Lorenzo), y sin la posibilidad de cerrar contratos de fasón, Vicentin está cada vez más complicada. De hecho, la empresa acudirá a la Corte Suprema de la Nación si no logra que la Justicia santafesina homologue su acuerdo.
“Por primera vez, la empresa está sometida a un riesgo enorme de paralización de actividades. Nadie sabe qué va a pasar judicialmente”, dijo Estanislao Bougain, director independiente de la compañía concursada. En este sentido, aseguró que ninguna de las plantas de la cerealera está operativa, ya que no consigue cerrar contratos de fasón, la herramienta que la mantuvo viva durante su proceso judicial.
De hecho, Bougain aseguró haber contactado a las gigantes Bunge-Viterra, ACA, Molinos Agro y el mismo Grupo Grassi, quien es su principal opositor en la carrera hacia la homologación del acuerdo.
“No estamos logrando que nos den granos. En esta circunstancia, se nos hace tremendamente difícil asegurar la continuación de la empresa”, aseguró el empresario, a la vez que reconoció que el problema de la empresa no “es de sostenibilidad para adelante, sino que es hoy”.
Sucedió que, luego de que la empresa pagara el lunes 10 de marzo solo el 30% de los sueldos correspondientes a febrero, el juez a cargo de su concurso, Fabián Lorenzini, dispuso su intervención por 120 días. Como respuesta a esta situación, la concursada alegó que esta situación fue consecuencia de la poca actividad que hay en su planta, así como del costo del concurso, que ya roza los u$s 70 millones.
La oferta que Vicentin les había hecho a sus acreedores, y que obtuvo hace un año y medio las mayorías exigidas por la Ley Concursal, quedó descartada por decisión de la Justicia santafesina.
De las más de 1300 personas y empresas con pasivo verificado en el concurso, el 70% se había manifestado a favor de aceptar la propuesta de pago, cuya implementación dependía del levantamiento del concurso y, en un paso siguiente, del ingreso de inversores estratégicos -Bunge, Viterra y la local ACA-, que inyectarían u$s 300 millones en capital de trabajo.
Ante la falta de resolución para este caso, Bougain reveló que la empresa ya tomó una decisión: “Presentamos un recurso extraordinario que, actualmente, está en trámite. Estamos a la espera de la decisión de la Justicia de Santa Fe. En caso de que esta no decida enviar el caso a la Corte Suprema de la Nación, Vicentin irá en queja para que esta última intervenga”.
La propuesta de Vicentin ya tiene casi dos años y se basa, principalmente, en contratos definitivos con Bunge-Viterra y ACA. El contrato establece que, si se homologa el acuerdo y se levantan las cautelares, los gigantes desembolsarán el dinero y “blindarán la empresa por 12 años”, aseguró el empresario. De esta manera, Vicentin operaría a fasón para los gigantes cerealeros, mientras que estos pagarían la totalidad de sus costos fijos y variables.
Esta medida -que se habilitará una vez que se homologue el acuerdo- ya se venció en tres oportunidades, pero fue prorrogado la misma cantidad de veces. La última vez que se renovó fue durante la segunda semana de febrero, por seis meses. “Ellos quieren hacer este negocio”, dijo el ejecutivo, pero, sin embargo, también reconoció que “Vicentin tiene que cumplir con su parte, y esto es lograr la homologación definitiva y el levantamiento de cautelares”.
