A pocas horas de debatirse en la Cámara de Diputados el Presupuesto 2023 que contempla un artículo que otorga facultades al Poder Ejecutivo para modificar las alícuotas de las retenciones al campo, las entidades del agro expresaron su rechazo a esa iniciativa y algunas de ellas enviaron cartas a los legisladores para exponer las condiciones en las que produce el sector agropecuario y cómo esto afectaría.

“Es indispensable que un país tenga un presupuesto para ordenar las cuentas del gobierno. No vemos que sea correcto que, en este proyecto 2023, se incluya la posibilidad de delegar facultades en otros poderes. Son los legisladores los quienes tienen que trabajar en fijar las reglas impositivas, no avalar proyectos para que otro poder cumpla con esas funciones”, dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) ante una consulta de LA NACION. Además, el dirigente explicó que desde la entidad han venido hablando y “reunido con distintos legisladores de varias fuerzas políticas” para manifestarle la preocupación.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, Ricardo Buryaile (JxC), señaló días atrás a este medio que tal y como lo habían expresado puntualmente en esa instancia no iban a acompañar el artículo 95, que se refiere a las facultades delegadas hasta diciembre de 2023. Además, aseveró que se iba a hablar con el oficialismo al respecto.

Según contó, en las últimas horas también “hubo algunas disidencias en muchos artículos, fundamentalmente los que se incorporaron al final”. Esto en referencia a la tasa aeroportuaria, camioneros, obras sociales, por lo que observó que hay ítems que todavía se están debatiendo. Buryaile fue uno de los primeros que pidió en el Congreso que el oficialismo retire del Presupuesto 2023 el controvertido artículo.

“Hay varios puntos en el Presupuesto que nos preocupan, el primero es los topes a los derechos de exportación, que son superiores a los montos hoy vigente. Si el Gobierno ha dicho, ya que en todo momento nos han asegurado que no pretenden aumentarnos, ¡para qué ponen los topes superiores a lo que hoy están en curso!”, dijo Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro, y sugirió que directamente se dejen los montos que hoy fijan y no se eleven los topes [de los derechos de exportación] porque esto generaría incertidumbre, porque queda a la voluntad de los funcionarios subirlos.

Laucirica se mostró preocupado ante cualquier modificación en las retenciones en medio de la sequía, por la imprevisibilidad y la falta de confianza que generaría un eventual aumento.

Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), explicó que, a través de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), enviarán hoy una nota a los legisladores exponiéndoles la preocupación por este tema. “Nosotros estamos enviando hoy una nota a legisladores manifestando la inviabilidad sobre las facultades delegadas al Ejecutivo”, explicó el dirigente.

Señaló también que, por una cuestión institucional, se decidió que desde CRA se hiciera contacto con legisladores de las provincias en los últimos días para abordar el tema.

“El sector está preocupado por la cuestión climática; acá, en la provincia de La Pampa, hay un sector importante afectado. Y, además, hay un ánimo no muy proclive. No es un buen momento para el sector por todo lo que atraviesa, por ejemplo, el mercado ganadero. El sector no está de buen humor y, obviamente, adicionarle esto no es lo más recomendable”, resumió.

Desde la Federación Agraria Argentina (FAA) indicaron en un comunicado que remitieron notas a los 257 legisladores que integran la Cámara de Diputados, de cara al inminente tratamiento en sesión del proyecto de ley de presupuesto para 2023, para solicitarles que no aprueben el artículo 95° del dictamen de mayoría producido la semana pasada por la Comisión de Presupuesto y Hacienda,

“Solicitamos no acompañar una norma inconstitucional, arbitraria y que favorece la concentración de capitales, en detrimento de la economía de desarrollo del interior argentino. Y proponemos mantenga el Poder Legislativo las facultades de legislar en materia de impuestos y de Derechos de Exportación”, observaron. Además, agregaron que, en materia tributaria, la delegación de facultades al Poder Ejecutivo se encuentra prohibida, atento los presupuestos Constitucionales y los antecedentes Jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia.

“Entre los fundamentos jurisprudenciales encontramos principalmente que rige el principio de legalidad o de reserva de ley, rígido y estricto en materia tributaria, y que los Derechos de Exportación tienen una naturaleza innegable de carácter tributaria, es decir se trata de impuestos. En este sentido, el Poder Legislativo, el cual usted compone, no puede bajo ningún concepto delegar tales facultades, de acuerdo al artículo 75° de nuestra Constitución Nacional. Por tanto, admitir la prórroga de la facultad al PEN para determinar derechos de exportación, sería admitir la delegación de dichas facultades, lo cual sería abiertamente contrario a nuestra Ley Suprema, que lo prohíbe”, afirmaron.

Según manifestaron, a veces, la agenda del Congreso va por un sendero muy distinto al que transitan quienes viven y producen en el campo. Así también invitaron a abordar las distintas problemáticas que padece el sector a la brevedad. “Dada la enorme sequía que impacta fuertemente sobre vastas zonas de nuestro país, así como también diversas inclemencias climáticas como granizo y/o helada, que padecemos con más fuerza los productores más pequeños, les pedimos tengan a bien considerar la incorporación en el tratamiento legislativo de estos y tantos otros temas que atentan contra la producción y el desarrollo de nuestro país”.