Hay mucho malestar entre las empresas lácteas con el Estado por las licitaciones que se vienen haciendo a lo largo del año de leche en polvo fortificada. Al día de hoy el gobierno no tiene stock para repartir en sus bolsones y no consigue que los industriales se presenten a las convocatorias por el desmanejo realizado a lo largo del año.

La metodología general es la de realizar cuatro licitaciones al año, esta semana venció el llamado para el tercer trimestre que pretendía adquirir 12 millones de kilos, un volumen superior al que suele comprar el Estado, pero que responde a las necesidades reales que impone la situación social.

Sin embargo, muy pocas empresas se animaron a presentarse y lo hicieron con precios que suenan exorbitantes para lo que está pagando el mercado doméstico, pero puede terminar siendo muy poco el día que se pueda cobrar. Las razones están en las demoras exasperantes que tiene el gobierno para pagar.

Un empresario que no ingreso en la licitación y que suele ser gran proveedor del estado nos contaba off the record que decidieron no participar porque todavía no salieron las órdenes de compra de la anterior licitación y tienen la mercadería parada en los depósitos con lo que eso implica en un contexto inflacionario como el que vivimos.

“Suponemos que no están las partidas y por eso no retiran la leche, a nosotros nos trae enormes problemas, porque tenemos un producto ya empaquetado y listo para entregar paralizado hace meses”.

El mayor problema que se está presentando, es que esa leche no puede ser comercializada por otras vías, ya que las compras estatales requieren de un empaque diferente al que se vende en los comercios. Las bolsas son de 1 kg, en los comercios se comercializan bolsas de 800 gramos, y por otro lado tienen impresas el sello del Ministerio de Desarrollo Social con la advertencia de estar prohibida su comercialización.

El gobierno concentró este año todas las compras de leche en el Ministerio de Desarrollo Social, cuando antes éste se encargaba sólo de un 20% de las licitaciones y el 80% restante era negociado por el Ministerio de Salud.

La leche comprada por el estado va destinada a las escuelas, hospitales, comedores y bolsones para los más necesitados. Hoy los depósitos están vacíos y las licitaciones quedan sin oferentes antes las demoras de retiro y el posterior pago. Todos saben que no será este gobierno el que pague estas compras, y tienen dudas sobre quién estará a cargo del Ejecutivo el año próximo y si reconocerá los contratos.