La Justicia Comercial abrió el concurso preventivo de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA). La empresa produce y comercializa los yogures y postres de las marcas SanCor, Yogs y Shimy, y las leches, cremas, manteca, quesos y dulce de leche de la etiqueta low cost Lechelita.

Alguna vez llamada “la última joya” del Grupo Vicentin, es gerenciada desde hace un año y medio por la venezolana Maralac, una de las principales lácteas de su país. En su presentación en concurso, declaró tener 339 acreedores, que suman un pasivo de $ 49.713,7 millones, a los que hay que sumar otros $ 67.354,1 millones eventuales por garantías de deudas de terceros, una herencia de cuando adquirió las líneas de productos de SanCor, en 2016.

Según el edicto publicado este miércoles en el Boletín Oficial, Federico Güerri, interinamente a cargo del del Juzgado Comercial 29, Secretaría 58, firmó el 1º de marzo la apertura de la convocatoria, que ARSA había pedido el 21 de diciembre.

En su presentación, la láctea declaró haber entrado en cesación de pagos el 24 de noviembre, al no poder afrontar compromisos “con ciertos proveedores, evidenciado por el rechazo de cheques de pago diferido” que, entre esa fecha y el 21 de diciembre, ya acumulaban más de $ 1150 millones.

ARSA le atribuyó su desequilibrio financiero a la situación general de la economía argentina, un batido de difícil digestión entre caída del consumo, inflación, escasez y encarecimiento de materia prima, subas de mano de obra, el “vertiginoso aumento del costo de capital de trabajo” y “las constantes y significativas devaluaciones del peso”, describió.

“Todo ello, sumado a políticas estatales que perjudicaron notablemente a la sociedad”, agregó. En este punto, mencionó las “políticas de control de precios impuestas por el Gobierno anterior”. En especial, remarcó, “a partir de agosto”, cuando suscribió el programa Precios Justos.

“Las medidas adoptadas por el Gobierno durante el período electoral impactaron directamente en la dinámica empresarial, introduciendo vertiginosos cambios que no permitieron adaptación de ARSA y otras empresas del sector”, explicó.

El costo de Precios Justos y los “daños colaterales” del caso Vicentin

La “crisis generada por la aplicación de Precios Justos” (sic) redujo en 10 puntos la contribución marginal de los productos de ARSA, “debido a la incapacidad de trasladar los costos a precios”. “Crecieron significativamente las pérdidas económicas para los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, llevando a ARSA a sufrir una profundización de sus problemas financieros”, declaró.

En esos meses, las ventas, además, cayeron 30%, lo que hizo que, a fines de noviembre, le fuera “imposible” seguir cubriendo cheques y cumplir con sus planes con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a la que le debe más de $ 2200 millones. Priorizó remuneraciones sobre impuestos y cargas sociales.

Les pagó a sus 550 empleados los sueldos de octubre en dos tramos pero la situación “se volvió insostenible”, dijo, en diciembre: pudo abonar en tiempo y forma sólo el 25% de los salarios de noviembre.

A esta situación, se sumó la imposibilidad de ARSA para acceder a fuentes de financiamiento competitivas, debido a “los daños colaterales”, definió, del caso Vicentin. Esto, declaró la empresa, le significó embargos y “rispideces con proveedores y bancos”, que, en este caso, le suspendieron cuentas o exigieron “que replegara su actividad”, indicó.

En consecuencia, la empresa quedó restringida a recurrir sólo a cooperativas de crédito para continuar operando, “teniendo que buscar financiamiento alternativo a tasas muy por encima de las convencionales, haciendo insostenible la situación financiera de la compañía”.

ARSA no tiene relación societaria con Vicentin SAIC, la cerealera que, semanas atrás, levantó su concurso preventivo, de u$s 1500 millones. Sí compartieron accionistas: fue la empresa con la que el Vicentin Family Group (VFG), el holding de quienes eran accionistas controlantes de Vicentin, canalizó en 2016 la compra de los yogures y postres de SanCor.

Hace dos años, el VFG intentó vender ARSA. Pero la Justicia Penal, en una de las múltiples causas abiertas por el default de la cerealera, le prohibió alterar su propia composición accionaria y vender activos con valor superior a los $ 50 millones en empresas sobre las que presuntamente tendría participación Vicentin o sus representantes legales.

Esto frustró su venta a un grupo de inversores locales, “impidiendo así obtener un apoyo económico y financiero que permitiera sobrellevar el impacto generado por la situación financiera de la compañía”, explicó ARSA en su presentación judicial de estos días.

Hasta que apareció Maralac como gerenciador. Hoy, el VFG conserva un 1% del capital y el 99% restante está en manos de Safsa, sigla de South American Food SA. Es el vehículo hasta que se pueda efectivizar la transferencia a los venezolanos.

De hecho, hay un dato paradójico en el concurso de ARSA: Vicentin integra el comité de control, con una acreencia de $ 10.219,68 millones. Los otros miembros son la cooperativa de crédito Unicred ($ 921,61 millones) y la láctea Molfino ($ 334,38 millones).

No obstante, el mayor acreedor es el fondo neerlandés BAF Capital: $ 27.681,56 millones. Son préstamos financieros y ARSA lo identificó como acreedor privilegiado. Es el fondo al que el VFG le vendió otro de sus activos: el frigorífico Friar. BAF también es uno de los mayores acreedores de SanCor.

Cuánto factura y qué activos tiene ARSA: cuál es su share en los mercados de yogures y postres

ARSA nació en 2016 para relanzar el negocio de postres y yogures de SanCor. En 2019, amplió su portafolio, con la compra de la marca Lechelita. En 2022, último balance anual disponible, ARSA tuvo un 11% de share en el mercado de yogures y un 24% en el de postres. Ese año, facturó $ 16.461,75 millones y ganó $ 5840,7 millones, después de acumular pérdidas en los dos ejercicios anteriores. El 55% de sus ventas fueron yogures y derivados; el 36%, leches y derivados; y el 9%, postres.

Tiene más de 550 empleados entre dos plantas. En Arenaza, provincia de Buenos Aires, produce más de 42.000 toneladas anuales de yogures, postres, leche y quesos. Ahí trabajan 219 personas. En Córdoba, fabrica 97.000 toneladas al año de yogures y crema de leche, con 254 operarios.

Allí también tiene un centro logístico, que compró para expandir sus actividades y prestar servicios a terceros. En 2022, esta línea de negocios aportó el 12% de su facturación. Es, hoy, una de las decisiones estratégicas más cuestionadas puertas adentro del holding.

ARSA tampoco fue ajena a la crisis de SanCor. Las dos plantas procesan mensualmente 4,5 millones de litros de leche. La incapacidad de la cooperativa de Sunchales de cumplir con ese volumen de entregas hizo que ARSA buscara otros proveedores, en un contexto de encarecimiento de precios y disminución de oferta por la escasez creciente de materia prima para la industria láctea, debido al continuo intervencionmismo en la definición de precios a los productores.

La empresa explicó el concurso en dos razones fundamentales: reestructurar sus deudas y mantener la operación como “empresa en marcha”. Es decir, sin suspender su actividad. Hoy, los principales esfuerzos están en mantener los 550 puestos de trabajo.

Tema siempre sensible; mucho más, con un sindicato de la beligerancia de la Asociación de Trabajadoras de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra), en los últimos tiempos, protagonista en los medios por conflictos y bloqueos.

En la presentación judicial, ARSA se refirió a un “sobredimensionamiento de su estructura de capital humano” para su escala actual del negocio. Fue, de hecho, una de las principales causas del endeudamiento de los últimos meses.

“Esta imperiosa necesidad de obtener financiamiento para sostener la operatividad y mantener una plantilla sobredimensionada de trabajadores condujo a ARSA a recurrir a entidades financieras y cooperativas de créditos”, reseñó.

“Este riesgoso paso, aunque vital para la continuidad de sus operaciones, incrementó considerablemente la carga financiera, utilizando instrumentos como descuentos de cheques y cesiones de créditos para lograr sostener los niveles de actividad y las fuentes de trabajo”, agregó.

Precisó que esto llevó a que, a partir de agosto del año pasado, el costo financiero de la empresa pasara del 10% al 18% de las ventas.

Tras el cambio de Gobierno y la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el pronóstico de ARSA es cauteloso. Además de haber catalogado como “calamitosa” a la devaluación que la nueva Administración aplicó en diciembre, auguró: “En el marco de esta delicada situación financiera, debe destacarse la incertidumbre generada por el cambio de gobierno y las recientes medidas económicas implementadas, cuyo impacto resulta incierto, al menos, a corto y mediano plazo”.