Las Becerras S.A.: negocios paralelos y vínculos familiares

Uno de los ejes que más preocupación genera es la relación entre Verónica y Las Becerras S.A., una empresa constituida en 2012 en Rosario por integrantes de la familia Espiñeira, controladora del grupo. El objeto social de esta firma le permite operar en actividades agropecuarias, financieras e inmobiliarias, lo que, según denuncian los empleados, facilita la triangulación de activos.

Documentos del INTA dan cuenta de colaboraciones entre ambas compañías ya en 2017. A ello se suma la sospecha de transferencia de campos y maquinaria, en condiciones poco claras y posiblemente por fuera del radar de proveedores, acreedores y organismos de control. Las Becerras sigue activa, con directorio renovado y sin conflictos públicos ni deudas registradas, lo que refuerza las sospechas de que se está utilizando como vehículo para aislar activos rentables.

De la expansión a la parálisis

Durante la pandemia, Verónica llegó a cargar hasta 23 camiones diarios desde la planta de Clason y procesaba más de un millón de litros de leche en jornadas pico. Hoy, la producción está completamente detenida y no hay materia prima ni insumos para retomar la actividad. La caída fue progresiva: en sus últimos meses operativos, no alcanzaba ni los 200.000 litros diarios, apenas una fracción de su capacidad instalada.

La empresa, que evitó ingresar a un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) en 2019, redujo personal en silencio e incluso logró expandir su producción. Mientras tanto, actualmente su deuda financiera en pesos es moderada respecto al giro de la compañía, pero el descalce operativo y el deterioro de su cadena de pagos dejan al borde del colapso a su estructura productiva.

Consecuencias concretas y urgencia política

La dimensión social del conflicto es cada vez más grave: hay trabajadores que no pueden continuar tratamientos médicos por la falta de cobertura, otros suspendieron estudios de sus hijos, y las familias dependen de changas o asistencia de vecinos. En Totoras, una localidad de 14.000 habitantes, más de 200 familias están afectadas directamente.

“Esta es la dimensión humana de una crisis que no admite dilaciones ni indiferencia”, plantearon los legisladores al pedir la intervención estatal. Mientras tanto, la conducción empresaria se mantiene en silencio, y el riesgo de una salida desordenada sin asumir pasivos ni responsabilidades crece día a día.