Esta presión sobre los precios ocurre en un contexto de encarecimiento generalizado de los insumos básicos para la actividad agropecuaria. Los productores han visto cómo los costes del gasóleo, los abonos y los fertilizantes han subido de forma “importantísima”, agravando la situación de pérdidas operativas. La combinación de ingresos reducidos y gastos al alza está destruyendo el margen de beneficio, lo que desincentiva por completo el relevo generacional necesario para garantizar el futuro del campo en la región.

Ante esta realidad, las organizaciones del sector denuncian el incumplimiento sistemático de la Ley de la Cadena Alimentaria, la cual prohíbe la venta a pérdidas. El portavoz de los productores ha criticado la táctica de la industria de justificar estas rebajas bajo el argumento de un “reajuste a los precios europeos”, señalando que España, a diferencia de otros países vecinos, no tiene superávit y necesita producir más leche. Esta disparidad resalta la vulnerabilidad del eslabón primario frente al poder de negociación de las grandes industrias.

Finalmente, el sector ha hecho un llamamiento urgente tanto a la Junta de Castilla y León como al Ministerio de Agricultura para que intervengan como árbitros y vigilantes. Los ganaderos exigen medidas de control estrictas para evitar pactos ilegales de precios y asegurar que se respete la normativa vigente. Sin una acción institucional decidida que equilibre la balanza de poder, la comunidad se enfrenta a una nueva oleada de cierres que podría transformar irreversiblemente el tejido productivo y social del medio rural.