El caso del frigorífico ArreBeef de Pérez Millán comenzó el pasado viernes 26, cuando su dueño Hugo Borrel, anunció el cierre definitivo de la planta y el despido de sus 1000 empleados. El hecho sucedió en medio de un conflicto gremial que lleva varios días.
El conflicto se inició porque los trabajadores acusaron al titular local del Sindicato de Trabajadores de la Carne, Luis Pérez, de “atornillarse” a la silla y de no reclamar mejoras salariales y porque quieren que les paguen por quincena. Ante dicha situación, comenzaron un paro por tiempo indeterminado y la ocupación ilegal de la planta.
“Tengo que informarles que ArreBeef ha dejado de funcionar. ArreBeef no va a trabajar más. Esta decisión la he tomado tras una pelea familiar. No quiero que mis hijos sufran. Hoy estamos en conciliación obligatoria. Se suben a sillas y gritan y aplauden no sé qué. Da risa porque estoy entre los tres frigoríficos que puntualmente pagan los días cinco y veinte de cada mes”, dijo ante sus empleados.
Y agregó: “No tengo que esperar un llamado del ministro, del gobierno o del gobernador de la provincia, del intendente municipal ni de los sindicatos de la carne para que yo revea esta situación. Esta situación no se va a revertir venga quien venga. Esta fábrica va a dejar de funcionar. Veré que hago con la carne que tengo y la hacienda que se está muriendo en los corrales”, anunció Borrel, de 74 años, con un megáfono en la mano y mientras lloraba.
Hoy no hay vistas de solución y ArreBeef se ha transformado en una puja sindical violenta. Se sabe que el frigorífico -según consta en los registros gremiales e incluso de las autoridades nacionales que regulan la actividad laboral- paga los sueldos en tiempo y forma, no registra deuda alguna, y respeta a rajatabla las paritarias.
También hay un dato inquietante, y es que hay rumores sobre que lo compraría Ricardo Bruzzese, el empresario que en el 2011 organizó el programa “Carne para Todos» durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Lácteos Mayol
Esta empresa familiar fue fundada hace 85 años y es una característica mini Pyme del interior. Está ubicada en la pequeña localidad de Gobernador Udaondo, partido de Cañuelas.
Todo comenzó ante un paro sindical por tiempo indeterminado en la planta fabril por un reencuadre laboral de 7 de los 14 trabajadores que posee la empresa. La postura del gremio es que sean recategorizados e incorporados como afiliados a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA), ya que algunos de ellos se encuentran afiliados al gremio de la alimentación o al sindicato de los trabajadores rurales. Desde la empresa señalan que el encuadramiento de todos los empleados excede sus posibilidades económicas por lo que ofrece un traspaso gradual.
Según publicó el portal InfoCañuelas una fuente de la cartera laboral de la provincia de Buenos Aires indicó que, “la parte empleadora trajo una propuesta gradual que no tuvo respuesta favorable del gremio. Ante esta situación el dueño de la empresa expresó la voluntad de cerrar y emitir telegramas de despido ante lo cual y dado el carácter de este nuevo conflicto, con el fin de preservar los puestos de trabajo, la producción y los derechos laborales”. Ante esta situación se dictó la conciliación obligatoria.
Por lo pronto y en off, los dueños de Lácteos Mayol creen que ATILRA quiere forzarlos a malvender la empresa, «estamos frente a un gremio mafioso», apuntan los propietarios.
Finalmente indicar que en Argentina en 2020, por la pandemia, la cuarentena y la crisis económica, cerraron más de 41000 Pymes. Si bien hay quienes piensan que el actual modelo económico prescinde del sector privado, no se deberían cerrar más fuentes de trabajo y menos por cuestiones intra sindicales y posturas extremas.
