Así lo confirmó a Conexión Agropecuaria Fernando Cabrera, responsable de Servicios Jurídicos de la Liga de Defensa Comercial (Lideco).
Con este procedimiento se evita el llamado a concurso. “Era la alternativa que tenía la empresa para poder seguir funcionando. Si iba a concurso tenía que directamente cerrar”, señaló Cabrera.
Se han realizado publicaciones en el Diario Oficial para que los acreedores puedan comparecer a eventualmente deducir a oposiciones a eso. Si no lo hacen queda aprobados esos acuerdos.
El acuerdo privado de reorganización es de naturaleza preventiva, entre el deudor y acreedores, que tiene por objeto solucionar la situación de insolvencia del deudor sin llegar al concurso de acreedores. Tiene como requisito que no esté declarado el concurso de acreedores que promoverse este acuerdo.
“Es lo que sucede, acá no había un concurso y la empresa lo que hizo fue recabar adhesiones que superaban el 75% del pasivo quirografario con derecho de voto. Eso lo presenta en el juzgado, solicita que se hagan publicaciones, y los acreedores tienen un plazo de 20 días para presentarse a oponerse al acuerdo. Si nadie se opone este acuerdo queda firme y es obligatorio. SI alguien se opone hay que tramitar las oposiciones al mismo”, explicó Cabrera.
El acuerdo es una reformulación de pago. Da una garantía de la cobranza de plaza que pasa a ser administrada por un fideicomiso. Con eso libera garantías, secciones de flujo que tiene hechas a bancos, y los acreedores van a ir cobrando en determinados plazos.