De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), los representantes de las empresas vaciaron las cuentas corporativas una vez que la paraestatal realizó los pagos en 2020.
En la causa penal 111/2023 los agentes del Ministerio Público Federal señalaron la existencia de una organización delictiva integrada por funcionarios, contratistas con empresas fachada y pequeñas empresas para dispersar cientos de millones de pesos sin que se cumpliera con lo establecido en los contratos otorgados.
En esta causa penal se menciona que Liconsa entregó para la producción de leche en polvo a Coprolac 243 millones 752 mil 538 pesos y a Grupo Vicente Suárez 73, 140 millones 779 mil 841 pesos, más otros 50 millones de pesos para el procesamiento de crema; en ningún caso las compañías acreditaron haber entregado los bienes a la empresa paraestatal.
La investigación que hizo la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo) señala que los recursos fueron dispersados a través de diversas compañías, entre ellas las denominadas El trébol de San Juan (más de 15 millones), Servicios Domicil (3 millones), Importaciones Juárez (más de 24 millones) y Le Cuisin Banquetes recibió más de 24 millones de pesos.
Entre las personas físicas que según los registros de la FGR recibieron dinero de manera ilegal se encuentran: Carlos Ernesto Herrera Reza (5 millones de pesos), Juan Carlos Burillo (7 millones de pesos), Óscar Iván Medina González, 32 millones 242 mil pesos.
