Con relación al gobierno de Duque, la actual presidencia incrementó en más de 3 billones el presupuesto de inversión manejado por el Ministerio de Agricultura, pero gran parte de esos recursos están destinados a la compra de tierras para la Reforma Rural Integral acordada al firmar la paz con las FARC.
“Para afrontar la crisis que viven productores de 11 renglones del sector agropecuario colombiano, el presidente Petro debe cumplir la promesa de renegociar los Tratados de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos y la Unión Europea”, sostiene el dirigente cafetero Alonso Osorio, entrevistado después de una reunión convocada en la mañana del viernes 7 de julio, en la Asamblea Departamental del Cauca, por el movimiento Dignidad Agropecuaria.
Al evento asistieron representantes de paneleros, paperos, cafeteros, dirigentes gremiales de algunas asociaciones de campesinos y del sector ganadero; este último duramente golpeado en el departamento al suspender compras de leche por parte de Alpina, causando la imposibilidad de reubicar gran parte de los excedentes en el mercado, además de los bajos precios del litro que desestimula a los productores para continuar en su actividad, más cuando los costos de drogas y alimentos concentrados han registrado alzas de más del 200 y 300%.
Osorio destaca que 11 años después de firmado el TLC con los Estados Unidos, las promesas de multiplicar significativamente las exportaciones de gran cantidad de nuevos productos agropecuarios de Colombia hacia su principal socio comercial se quedaron en ilusiones.
En la práctica funcionó la ley del embudo: lo ancho para los gringos y lo angosto para Colombia. Cuenteados e ilusionados nuestros gobiernos con “ayudas” y limosnas para algunos programas asistenciales, y en armas para las Fuerzas Armadas, Policía e inteligencia del Estado.
Lo cierto es que el país no estaba preparado para cumplir los niveles de producción, calidad y superar las barreras fitosanitarias que imposibilitaron el acceso de nuevos productos a un mercado de más de 300 millones de habitantes con buenos ingresos.
De exportar más productos de origen agropecuario e industrial, antes de entrar en vigencia el TLC, con un excedente a favor de nuestro país, promediando los 5.000 mil millones de dólares anuales, pasamos a un déficit superior a los 10.000 millones anuales, representados en la avalancha de maíz, soya, trigo, papa, leche en polvo, carne de pollo, de cerdo y otros productos que, a costas de la merma de la producción nacional y debido a cuantiosos subsidios otorgados por el gobierno americano.
Sus agricultores pueden exportar a bajos precios, arruinando a los productores nacionales y poniendo en peligro la seguridad alimentaria del país ante las pronunciadas alzas en los costos de insumos agropecuarios y alimentos, sobre todo, después de efectos negativos en la economía mundial desencadenados por la cuarentena del Covid 19, la guerra de Ucrania y el aceleramiento del cambio climático.
“El Cauca en el 2015 producía el 35% de los productos agrícolas que consumía, ahora sólo el 17%”, destaca Hernán Garcés, gerente del Fondo Ganadero del Cauca, para evidenciar el acelerado deterioro de la actividad agropecuaria en el departamento, no sólo por la falta de estímulo a los campesinos sino por el incremento del monocultivo de coca que hasta hace poco tenía buenos precios y mercado asegurado.
Están en riesgo los ingresos de los campesinos, la seguridad alimentaria y la capacidad de compra y consumo de los habitantes de la región afectados por el encarecimiento de la canasta familiar al tener que traer productos que antes producíamos.
A los factores macroeconómicos negativos generados por la entrada en vigencia de los TLC y el descuido de los gobiernos anteriores al sector agropecuario, con un presupuesto de inversión promediando el billón y medio anual, en el Cauca se suman los frecuentes conflictos por la propiedad de la tierra y las ocupaciones de fincas que enfrentan a los actuales propietarios con comunidades indígenas, campesinas, afros; o estos se enfrentan entre ellos por la posesión de algunos predios, así como el auge de urbanizaciones legales, piratas y condominios en Popayán y áreas rurales de Totoró, Cajibio y Timbío, que encarecen el costo de la tierra y favorece el “volteo de tierras”, en complicidad con autoridades y concejos municipales.
En 2018 se perdieron 600.000 litros de leche por el bloqueo a la Panamericana. Sin contar los prolongados bloqueos y otros de menor duración, hechos ya no sólo por los indígenas sino por campesinos y habitantes de barrios y veredas, que hasta por exigir el nombramiento de un profesor se vuelcan sobre la vía internacional. (a 6 julio de 2023 han registrado 21 bloqueos).
Sin embargo, a pesar de factores negativos como los bloqueos por problemas de orden público o social sin resolver mediante consensos, o por causas naturales, como el derrumbe sobre la Panamericana en el municipio de Rosas, la crisis del sector agropecuario y lechero en el Cauca y el país es estructural y se agravó con la puesta en marcha de los TLC con Estados Unidos, y después con la Unión Europea.
“En la primera etapa de vigencia de estos tratados la importación de la leche en polvo y otros derivados lácteos estaba sujeta a cuotas; pero pronto van a tener libre acceso al mercado nacional poniendo en peligro a la industria propia, pues no podemos competir con los elevados subsidios en dólares y euros que entregan a sus productores”, destaca Alonso Osorio.
“En 2018, el Cauca producía 25 millones de litros anuales, En 2022 mermó a 17 millones. De $2.400 el litro, hasta hace 60 días cuando compraba Alpina, están pagándolo a $1.500 y hasta $1.200, lo que desestimula a las cerca de 22.000 familias que en 18.000 predios se dedican a la producción de leche en el Cauca, la mayoría con menos de 10 vacas. Hay sobreoferta al no poder adquirir toda la producción empresas de Cali como Alival y Mr Quick.
Los tanques para almacenar la leche no son de Alpina, fueron financiados con dineros de regalías o de algunos empresarios con fondos propios o créditos bancarios. Alpina operó regalías por $44.000 millones en un proyecto en el que fueron el aliado comercial, pero que lastimosamente ahora nos dejan y no sabemos qué pasó con la responsabilidad social y empresarial, más aún cuando hace 45 días publicaron un comunicado en el que aseguraban que nos iban a seguir comprando la leche en el departamento.
Lamentablemente esto no sucedió, no cumplieron lo prometido en el comunicado y ahora estamos en una situación crítica para los productores”, señala Hernán Garcés, gerente del Fondo Ganadero del Cauca, destacando como algo positivo en medio de la crisis que en el mercado local la empresa payanesa Lácteos Colombia haya empezado a vender leche pasteurizada, que junto a otras pequeñas productoras del Cauca también procesan yogures y quesos.
Pero la crisis no sólo es del Cauca y Nariño. Ante la próxima avalancha de leche en polvo y derivados lácteos importados a bajos costos gracias a los TLC, más la creciente baja de los precios del litro comprado por las pasteurizadoras a los productores locales, muchos cerrarán sus ganaderías y se incrementará el desempleo.
Isabela Victoria, directora de la seccional Cauca de Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Colombia (SAC), considera que el Gobierno debe subsidiar los costos de insumos como abonos para los pastos, drogas y concentrados para los animales y facilitar créditos con intereses bajos.
Coincide con Hernán Garcés y Osorio en que, con ayuda gubernamental, hay que crear fondos de compensación y estabilización de precios para la ganadería, lácteos y otros productos agropecuarios al igual que sucede con el café, y financiar estudios para evaluar si es posible la instalación de equipos para procesar la leche en el Cauca sin que se vayan a convertir en elefantes blancos.
“El Gobierno debe financiar un estudio para buscar alternativas en cuanto a promover una producción orgánica de lácteos con sello de marca y región que aseguren buenos precios a yogures y quesos madurados que también puedan exportarse.
También que le permitan mayor acceso a la alimentación escolar, vedado por disposiciones legales y normas del INVIMA que favorecen a los grandes monopolios que a la leche agregan lactosueros y además dificultan el ofrecer a los estudiantes leche de mejor calidad, sin descremar, más barata y producida en la región. Con el apoyo del Gobierno hay que hacer estudios de pre y factibilidad, asesoría técnica y crear un centro piloto de formación que nos permita vislumbrar en el corto plazo si esa apuesta es ganadora”.
