La empresa Lácteos Vidal, ubicada en la localidad de Moctezuma, en el partido bonaerense de Carlos Casares, no protagoniza una película, sino una disparatada y enojosa realidad. Víctima de situaciones extorsivas, con fuertes presiones gremiales, debió afrontar recientemente un arbitrario fallo judicial.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó una medida cautelar a favor de los empleados que, en julio del año pasado, bloquearon y sabotearon la planta láctea en demanda de una recategorización. Delegados de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) fueron quienes bloquearon por tiempo indeterminado la entrada e inhibieron el ingreso del personal de la fábrica, coartándole la libertad de trabajar.

En respuesta a la medida de fuerza, y ejerciendo su derecho como empleadora, la empresa despidió con causa a 29 trabajadores. Pero la Justicia no solo ordenó su reincorporación, sino que, además, le impuso a la citada pyme una multa de 290.000 pesos por cada día transcurrido sin que dichos empleados retornaran a sus funciones.

El planteo judicial comenzó con un cuestionable fallo del juez José Ignacio Ramonet, que trabó un embargo de 5 millones de pesos a Lácteos Vidal por negarse a reincorporar a los despedidos tras el conflicto desatado. Por su parte, productores, comerciantes y familias de la zona expresaron su aliento y adhesión a las autoridades de Lácteos Vidal en un abrazo solidario simbólico.

 

Lo que parece confundirse en esta resolución es que una cosa son los en todo caso atendibles reclamos gremiales y otra bien distinta la extorsión lisa y llana de mafias sindicales que condicionan hasta límites críticos la subsistencia de cualquier empresa pyme. Ya en marzo de 2021, el mismo sindicato había aplicado idéntica metodología de piquetes, hostigamiento y amedrentamiento del personal contra otra empresa radicada en el partido de Cañuelas.

La empresa, en respuesta al bloqueo, se había visto obligada a incorporar nuevo personal para no detener la producción. En una audiencia con los trabajadores despedidos con causa, les ofreció negociar una indemnización y la posibilidad de transformarse en revendedores externos de sus productos.

Deben primar el sentido común y las resoluciones de una Justicia que, como corresponde, reconozca también los derechos de los empresarios para que la actividad productiva de la compañía láctea vuelva a la normalidad.

Más allá de que se llegue a un acuerdo, lo importante es que cesen las medidas de corte extorsivo y mafioso a las que tantos líderes sindicales pretenden acostumbrarnos, cebados por años de amenazantes y demasiadas veces violentas e impunes prácticas que han enriquecido a más de uno. Poner fin al chantaje y a la corrupción sindicales será imposible mientras la ciudadanía no condene con fuerza la mirada cómplice, cuando no temerosa, de ciertos estratos judiciales. Enderezar el país presupone terminar con decisiones propias del reino del revés en las que los pájaros disparan a las escopetas.