Sin las "facultades delegadas" el gobierno no podría subir las retenciones para el agro en 2023, pero tampoco bajarlas.

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La Ley de Presupuesto 2023 obtuvo esta mañana los votos necesarios en la Cámara de Diputados y ahora avanzará hacia el Senado. La noticia, sin embargo, no es esa.

Para el agro sobresale el hecho de que en las febriles negociaciones entre los bloques quedó en el camino el cuestionado artículo con el que el Congreso volvía a ceder al Ejecutivo sus facultades para fijar las retenciones, el tributo más dañino para los productores.

Ahora el gobierno, ya sea con Massa, Cristina, Alberto o el payaso Plin Plin al mando, no podría en 2023 subir las retenciones en algunos rubros donde todavía estaba lejos del tope.

Pero tampoco podrá decidir por si mismo una rebaja de retenciones a la soja o los cereales, que hoy tributan 33 y 12% respectivamente, si la sequía se llegara a agravar tanto que amenazara la continuidad de los productores. Porque lo que pierde el Ejecutivo es la facultad de fijar las alícuotas por si mismo, sin consultar al Congreso.

¿Se entiende? Cualquier cosa que en adelante quieran definir sobre el esquema de Derechos de Exportación (sean agropecuarios o de otros sectores), debería pasar por las Cámaras de Diputados y Senadores. Esto obstaculiza algunos reclamos de las entidades rurales que estaban en marcha, como una pretendida rebaja de las retenciones a la leche en polvo, que tributa 9%.

Pero abre de cara al 2023 un escenario en el Congreso para debatir en serio la incidencia que debería tener este tributo aduanero. Especialmente porque la oposición, que dice estar en contra del tributo, aspira a recuperar el manejo del Ejecutivo tras las próximas elecciones.

“La oposición unida logró frenar el artículo que permitía al gobierno la posibilidad de aumentar los Derechos de Exportación y el oficialismo aceptó excluirlo”, informó la Fundación Barbechando a primera hora de este miércoles, luego de seguir los debates durante toda la noche.

Para el agro parece ser un éxito. Las entidades rurales habían pedido a los legisladores, en sendas cartas, que no avalen el artículo 95, mediante el cual el Ejecutivo (en el marco de la Ley de Presupuesto) pretendía recuperar las “facultades delegadas”, que habían perdido vigencia en diciembre de 2021, cuando el mismo Congreso dejó a la gestión de Alberto Fernández sin Presupuesto 2022.

 

 

En una charla con Bichos de Campo y otros medios periodísticos que ayer cubrían en un campo de Las Heras los anuncios de un nuevo fondo para pequeños productores, el ministro de Economía, Sergio Massa, había anticipado que para resolver el entuerto planteado con la mayoría de la oposición iba a proponer incluir en ese artículo una cláusula especial que actuara como garantía de que el Ejecutivo no iba a subir retenciones en 2023, el último año de este gobierno.

Pero ese intento fracasó frente a la posición dura de muchos diputados que habían prometido frenarla en el Congreso.

El interés de Massa y los suyos por recuperar las facultades delegadas no tenía tanto que ver con las ganas de subir las retenciones sino más bien con cerrar la puerta a una posible judicialización de ese tributo, ya que todavía está abierto en so tribunales de Córdoba un recurso de amparo presentado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), que plantea la inconstitucionalidad de todas las retenciones, ya que las mismas se fijaron sin aval parlamentario a partir del 1 de enero de 2022.

Finalmente hubo fumata y se decidió excluir ese artículo del Presupuesto 2023, que ahora deberá ser discutido en el Senado. Esto deshabilita la posibilidad de subas pero también de rebajas de ese tributo (que toma un porcentaje determinado del valor de exportación de los productos del agro).

Esas alícuotas deberían quedar en los valores actuales salvo que el Congreso decida algo diferente el año que viene. Parece un escenario difícil en el marco de un año electoral.

 

 

Al discutir sobre el artículo de marras, desde todos los bloques de la oposición alertaron que ese artículo era un “cheque en blanco” que iba a ser utilizado por el gobierno para un inminente aumento de los Derechos de Exportación, con ejemplos concretos de una potencial suba de las alícuotas a un 15% para carne, leche, trigo, maíz y economías regionales, entre otros.

Es el argumento que surgió desde las entidades del agro. Ahora hay que descartar esas subas, pero también posibles y necesarias rebajas.

“La votación del Presupuesto fue de 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones. Respecto de la delegación de facultades, la oposición argumentó su rechazo y el oficialismo aceptó eliminar el artículo, sin ponerlo a votación. Sergio Massa estuvo presente en el recinto, al momento de la sanción.

Fueron más de 17 horas de debate”, contó Barbechando, la muy útil fundación que sigue atenta los asuntos del agro en el Congreso.

Ese relato se inició con problemas para iniciar la sesión: “El oficialismo se vio cercado cuando se demoró el inicio de la sesión por falta de quórum, pero algunas concesiones a último momento permitieron que el oficialismo pudiera arrancar con el debate del Presupuesto 2023, incluso con el acompañamiento de una parte de la oposición”.

Minutos previo a la votación, tres ex ministros de Agricultura -Alejandro Topo Rodriguez (Consenso Federal-Buenos Aires), Ricardo Buryaile (UCR-Formosa) y Carlos Gutiérrez (Hacemos pro Córdoba)- pidieron que el oficialismo elimine el artículo.

Pero Germán Martinez (FDT-Santa Fe), jefe de la bancada del oficialismo justificó que, a través del artículo 755 del Código Aduanero, en materia aduanera y con reconocimiento constitucional, el Poder Ejecutivo puede fijar los gravámenes aduaneros. Buryaile cruzó el argumento y dijo que no hay legislación de la Corte Suprema que lo avale, pero sí hay fallos en primera instancia que hablan de la inconstitucionalidad de la defensa de la norma.

Finalizado el debate, el banquero Carlos Heller (FDT-Caba) aceptó retirar el artículo y no ponerlo a consideración en votación, aunque aclaró que desde el bloque no coinciden con los argumentos alegados y que el Poder Ejecutivo sigue contando con esa facultad.

Eso es materia de debate y justamente expone todo a una judicialización: si en 2023 el Ejecutivo toca es esquema de ese tributo sin consenso del Congreso, sin el artículo 95 quedan abiertas las puertas para recurrir a la justicia.

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