El gobierno ha contratado a casi 29 mil personas, principalmente para operar los programas prioritarios del Presidente como el Programa de Precios de Garantía que controla Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) -antes Diconsa y Liconsa
La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) detectó más de 50 contratos que entre 2019 y 2020 ha asignado el Gobierno federal a empresas de outsourcing, por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos.
Tan sólo en 8 de las mayores asignaciones a empresas de outsourcing, el Gobierno subcontrató para este año a 28 mil 800 empleados que ofrecen sus servicios para programas sociales de la Secretaría de Educación, Segalmex, Banco del Bienestar, financiamiento rural, vivienda y cultura.
La mayor subcontratación se dio a través de la empresa MZT Corporativo Ejecutivo SA de CV, que en septiembre de 2020 obtuvo una asignación por hasta 310 millones de pesos para emplear un máximo de 21 mil 107 agentes de aprendizaje del programa Prepa en Línea.
En 2019 el Banco del Bienestar pagó 408 millones de pesos a cuatro empresas de este tipo y en lo que va de 2020 el monto se elevó a 463 millones.
«Se considera plenamente justificada la necesidad de llevar a cabo la contratación de los servicios técnicos y administrativos por outsourcing, ya que al no contar con dichos servicios, el impacto negativo en lo social, económico y financiero sería muy alto», señala el contrato asignado por el Banco de Bienestar a la empresa KOM Business SA de CV.
Segalmex, dependencia que agrupa a Liconsa y a Diconsa, tiene por subcontratación a 3 mil 600 empleados, mientras que la Secretaría de Cultura cedió a empresas de outsourcing la nómina de mil 600 de sus trabajadores, la mayoría de los programas Semilleros creativos y Misiones por la diversidad cultural, enfocados en atender comunidades rurales de todo el país.
Los empleados del Gobierno, reclutados bajo el régimen de subcontratación, no tienen garantizado empleo más allá del tiempo en que dure el acuerdo con la empresa de outsourcing. Son, de alguna forma, empleados temporales. Por ejemplo, a los trabajadores de Cultura se les contrató sólo por ocho meses.
Aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestiona a las empresas de outsourcing y considera «coyotes» y traficantes de influencias, su Gobierno ha asignado contratos por al menos 5 mil millones de pesos a una docena de compañías.
