Fue en un establecimiento de la firma Don Emilio, situado en Villa María. Quedaron en el piso 370 toneladas del cereal, lo que equivale a 6 meses de alimentación para los animales.
La inversión que hicieron para confeccionar esas bolsones fue de 2,8 millones de pesos.

Ni la cuarentena por la pandemia del coronavirus frena los ataques al campo. Por estos días se conoció que en San Jerónimo Sud, al sur de Santa Fe, al productor Roberto Rufer le rompieron un silo bolsa con soja y le rociaron los granos con curasemilla para impedir la comercialización de la mercadería. También se conoció al denuncia de Iván Malpiedi, un productor de Chaco que advirtió que le aflojaron la rueda de la camioneta tras participar del “banderazo” del 20 de junio.
Y esta vez le tocó al tambo de la firma Don Emilio, ubicado en la localidad cordobesa de Villa María. Le rompieron 5 silo bolsas de maíz partido y quedaron en el piso 370 toneladas destinados para alimentar 500 vacas por 6 meses.
“Se está recuperando parte de lo que se perdió pero hay que pagar de vuelta las bolsas, el embolsado porque hay que contratar a un tercero y la gente nuestra que la estamos usando para esto”, dijo Carlos Dutto, de la firma Don Emilio, a Clarín mientras recorría los bolsones rotos.
“Es increíble que pasen estas cosas”, señaló el directivo informando que la inversión que hicieron para confeccionar esas bolsones fue de 2,8 millones de pesos.
La empresa tenía cuatro tambos y ahora lo unificaron en uno solo donde tienen en producción 500 animales en Villa María. El objetivo del establecimiento nuevo, que está en construcción, es armar tres galpones para 350 animales cada uno. Además, la firma cuenta con una industria láctea donde procesan la leche que obtienen del tambo.
“Veo esto con mucha tristeza, con impotencia. Es muy dañino. Estamos proyectando darle de comer a los animales y producir leche. No es que guardamos el maíz por si tiene mejor precio”, se lamentó Dutto.
Rechazo de las entidades agrarias
Ante los actos de destrucción de granos en silobolsas y los ataques a la propiedad privada, 39 entidades, integrantes de la Cadena Agroindustrial de todo el país, expresaron nuevamente su preocupación y repudio sobre los hechos.
“Estos episodios han aumentado en los últimos meses, tanto en frecuencia como en peligrosidad, por lo cual creemos necesario que esta situación debe tener una respuesta rápida de las autoridades para brindar seguridad y proteger la propiedad privada”; destacaron las organizaciones en un comunicado.
“Reiteramos nuestra preocupación ante estos hechos de violencia, y hacemos un llamado para que las autoridades tanto Nacionales como Provinciales, tomen las acciones correspondientes para solucionar tan grave situación”; sostuvo el comunicado.
Según el texto, es importante comprender el alcance del daño producido, ya que estos ataques no solo van dirigidos a los productores sino a la sociedad entera, especialmente en este particular contexto, donde la labor del agro resulta fundamental en la producción de alimentos.
“Esta situación resulta inadmisible, en tanto destruye y atenta contra el trabajo y el esfuerzo de la comunidad agroalimentaria nacional”, enfatizaron las entidades firmantes el comunicado.
Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una de las entidades firmantes, sacó otro comunicado aparte muy duro. “El mismo Gobierno Nacional que pretende incursionar en la aventura de comercialización de productos agrícolas no es siquiera capaz de cumplir uno de los roles insustituibles del Estado: brindar seguridad a todos los habitantes de la Argentina”; advirtió el comunicado.
Para Cra, la actitud del Presidente (Alberto Fernández) frente a los ataques que a diario afectan ya adquiere la preocupante característica del silencio cómplice.
Tampoco, continuó, se escucha a nadie del Gobierno, condenando estos hechos y haciendo visible que se encuentran trabajando para evitar nuevos hechos.
“Sin una condena enfática por parte del oficialismo a tanta barbarie no es posible imaginar ni el esclarecimiento de los hechos ocurridos ni el final de tan tremenda acción delictiva. Mientras tanto, el pedido de audiencia a las autoridades gubernamentales de seguridad por parte de CRA, continúa sin respuesta”, cerró el texto.

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