Queda de lado la sobrexplotación del acuífero, la vigilancia en las extracciones y el huachicoleo, además de que beneficia a los grandes acaparadores del agua, pues se mantienen sus concesiones, señalan organizaciones de la región.

Se requiere un proyecto con soluciones a largo plazo que atienda esos problemas, así como una recarga inducida, atender el robo de agua superficial y subterránea, revisión de las concesiones, establecer medición telemétrica en los pozos para que haya certeza en el volumen concesionado, la clausura de pozos piratas y clonados, además del cambio en el padrón de cultivos que utilizan mucho líquido, como los de alfalfa. “No estamos en contra del proyecto, sino de que no se toque lo que está dañando el acuífero”, indica en entrevista Elizabeth Estrada, socióloga y politóloga que lleva 21 años de trabajo en el tema del derecho humano del agua en la comarca lagunera.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el acuífero principal al año se recarga con 534 millones de metros cúbicos. Las concesiones superan esta cifra, ya que son de 647 millones de metros cúbicos. La extracción real es de mil 88 millones de metros cúbicos, 441 millones más. Tan sólo la familia Tricio, dueña del grupo Lala, tiene la concesión anual de 44.5 millones de metros cúbicos, casi 7 por ciento del total concesionado, refieren datos del organismo.

El programa Agua Saludable para La Laguna, impulsado desde 2020 por el gobierno federal, aprovechará los escurrimientos superficiales del río Nazas para abastecer de agua potable a aproximadamente 1.6 millones de personas de Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo y Mapimí, en Durango, así como Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero, San Pedro y Viesca, en Coahuila, indica la Conagua.

Se prevé tomar agua de la presa Francisco Zarco, con una planta de bombeo llevarla a una potabilizadora y de ahí a tanques dispuestos en Gómez Palacio, Durango. Con esto se suspenderá la extracción en 160 pozos y se apoyará la recuperación del nivel del acuífero Principal-Región Lagunera, que al año desciende entre dos y tres metros. El presupuesto estimado es de 10 mil millones de pesos y estaría concluido en 2023, señala la Conagua.

La asociación Prodefensa del Nazas presentó amparos en contra del proyecto porque la planta potabilizadora se establecerá en el parque estatal Cañón de Fernández, donde se afectarían 35 mil metros cuadrados.

El problema del agua en La Laguna tiene que ver con el agua superficial y el acuífero. En relación con la primera, hay alrededor de 200 millones de metros cúbicos de agua que se roban para sembrar más tierras. Se estima que de unas 55 mil hectáreas con derecho a 900 millones de metros cúbicos se cultivan 84 mil, explica Elizabeth Estrada. Esto contrasta con que de 35 mil ejidatarios dotados con tierra y agua, quedan alrededor de 6 mil, “fueron despojados de sus tierras y sus derechos de agua”, apunta.

En tanto, con la sobrexplotación del acuífero se extrae líquido a más profundidad y sale con arsénico. El agua se roba y se hace un uso irrracional, va a la siembra de forrajes, alfalfa en particular, “hay robo de agua”, dice Rafael Zuno de Encuentro Ciudadano Lagunero en Defensa del Agua.

“Nos duele que en el proyecto integral no se toca la recarga del acuífero y del agua que se roban, es la parte que preocupa”, subraya Estrada. “La industria agrolechera es la que más extrae líquido. Están los Tricio, los Valdés Verlanga, Grupo Soriana, López Negrete, son como 30 familias las grandes acaparadoras”, destaca.