El denominado cártel de la leche entra en una nueva etapa en España.
Después de años de recursos contra las sanciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el eje del conflicto comienza a desplazarse hacia otra pregunta: cuánto dinero perdieron los productores y cuánto deberán pagar, eventualmente, las empresas responsables.
Distintos despachos jurídicos preparan reclamaciones colectivas que, sumadas, podrían superar los €1.700 millones, según información publicada por elEconomista.
Pero la cifra necesita una aclaración desde el comienzo.
No es una indemnización concedida por un tribunal.
Es el monto agregado que los representantes legales de distintos grupos de ganaderos prevén reclamar.
De la multa a la reparación del daño
La CNMC sancionó en 2019 a ocho compañías y dos asociaciones del sector lácteo por prácticas anticompetitivas desarrolladas entre 2000 y 2013 en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca.
El organismo determinó que existieron intercambios de información comercial estratégica sobre precios de compra, volúmenes e identidad de ganaderos, lo que permitía coordinar comportamientos y reducir la capacidad negociadora de los productores. Las multas alcanzaron en conjunto €80,6 millones.
El artículo aportado señala que las prácticas incluían intercambio de información sobre precios y producción, además de mecanismos relacionados con excedentes y movimientos de proveedores entre industrias. Markdown pegado
La sanción administrativa, sin embargo, es distinta de la reparación económica que puede reclamar un productor perjudicado.
Ahora esa segunda discusión cobra protagonismo.
Más de €1.700 millones sobre la mesa
Según elEconomista, alrededor de 10.000 ganaderos ya estarían involucrados en procedimientos vinculados al caso.
Eskariam, uno de los despachos que concentra mayor cantidad de reclamantes, representa a cerca de 7.800 productores, mientras otras firmas trabajan con más de 2.000 afectados adicionales. Markdown pegado
Las pretensiones económicas también son importantes.
El artículo señala que distintos grupos jurídicos preparan reclamaciones que en conjunto sumarían más de €1.700 millones: unos €1.200 millones estimados por Eskariam y aproximadamente €500 millones correspondientes a otras demandas. Markdown pegado
Pero ese número todavía no representa el costo definitivo del caso para las industrias.
El Supremo cambió el escenario para Lactalis
Uno de los puntos de inflexión llegó el 29 de junio de 2026, cuando el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación presentado por Grupo Lactalis Iberia.
La sentencia 808/2026 confirmó la resolución de la CNMC de 2019 y la sentencia de la Audiencia Nacional de febrero de 2024 respecto de esa empresa. La multa para Lactalis quedó fijada en €11,7 millones.
eDairyNews ya informó sobre esa decisión.
Lo nuevo ahora es su consecuencia práctica: la firmeza de la sanción fortalece la base sobre la que los productores pueden impulsar las acciones civiles por daños.
Eso no significa que la sentencia del Supremo haya concedido automáticamente las indemnizaciones reclamadas.
La cuantificación sigue siendo otra batalla judicial.
¿Cuánto daño produjo cada litro?
Ese será uno de los puntos más complejos.
Los abogados de los productores deberán demostrar qué impacto tuvo la conducta anticompetitiva sobre el precio efectivamente recibido durante los años correspondientes.
El artículo de elEconomista señala que algunas reclamaciones trabajan con referencias cercanas a 10% del valor de la leche comercializada, más intereses, pero los precedentes judiciales muestran resultados diferentes. Markdown pegado
En resoluciones ya dictadas aparecen porcentajes de daño que van desde alrededor del 2% hasta el 14%, dependiendo del tribunal, el caso y las pruebas periciales presentadas. Markdown pegado
Por eso no existe todavía un porcentaje uniforme aplicable a todos los productores.
No todos los casos son iguales
Aunque las prácticas investigadas abarcaron más de una década, cada productor puede haber vendido leche durante períodos diferentes y a distintas empresas.
También varían:
los litros entregados, la duración de la relación comercial, la empresa compradora, la zona geográfica y el período concreto en el que cada industria participó de la conducta sancionada.
Todo eso debe incorporarse a los cálculos.
Una explotación que entregó varios millones de litros durante años no tendrá necesariamente el mismo reclamo que otra que estuvo vinculada durante un período más corto.
De €80 millones en multas a €1.700 millones en reclamos
La diferencia de escala es significativa.
La sanción administrativa conjunta impuesta por la CNMC fue de €80,6 millones.
Las acciones civiles que ahora se preparan podrían superar los €1.700 millones.
No hay contradicción entre ambos valores.
Las multas sancionan una infracción a las normas de competencia.
Las indemnizaciones, en cambio, buscan reparar el perjuicio económico sufrido por quienes compraron o vendieron en un mercado distorsionado.
Por eso los importes pueden ser muy diferentes.
Miles de explotaciones desaparecieron durante esos años
El conflicto se desarrolló además durante un período de fuerte reducción del número de explotaciones lecheras españolas.
El artículo recuerda que España contaba con alrededor de 67.000 explotaciones de vacuno de leche en 2000 y unas 16.800 en 2015. Markdown pegado
No sería correcto atribuir toda esa desaparición al cártel.
Durante esos quince años también influyeron cambios estructurales, concentración productiva, costos, políticas agrarias, relevo generacional y transformaciones del mercado europeo.
Pero algunos productores afectados sostienen que los bajos precios y las dificultades para cambiar de comprador agravaron su situación económica.
Uno de los ganaderos entrevistados por elEconomista, que dejó de ordeñar en 2013, relata que la explotación llegó a un punto en el que no podía afrontar siquiera el costo de alimentación de los animales. Markdown pegado
Es un testimonio individual, no una explicación general del cierre de las granjas españolas.
Podrían aparecer más demandantes
La cantidad de reclamantes tampoco está cerrada.
El artículo señala que, teniendo en cuenta el número histórico de explotaciones y la participación de mercado de las empresas sancionadas, los abogados consideran que podrían existir decenas de miles de potenciales afectados. Markdown pegado
Nuevamente, se trata de una estimación de los representantes legales.
No significa que todos ellos hayan iniciado una acción ni que todos tengan automáticamente derecho a recibir una indemnización.
La pertenencia al grupo potencialmente afectado deberá demostrarse caso por caso.
El plazo para reclamar vuelve a ser decisivo
Otro elemento relevante es la prescripción.
La jurisprudencia europea reciente ha reforzado el criterio de que, en determinadas acciones por daños derivadas de infracciones de competencia, el plazo no puede comenzar antes de que el perjudicado disponga de la información necesaria y exista firmeza suficiente sobre la infracción.
En España, distintas decisiones judiciales vienen aplicando este criterio al cártel de la leche, aunque las particularidades procesales pueden variar según cada demandado y causa.
El artículo sostiene que los afectados pueden disponer de un plazo de cinco años desde la firmeza correspondiente para iniciar las reclamaciones. Markdown pegado
Por eso la reciente sucesión de sentencias del Supremo puede acelerar la presentación de nuevas demandas.
La próxima discusión será por los números
Durante años, el caso estuvo centrado en demostrar y recurrir la existencia de prácticas anticompetitivas.
Esa etapa empieza a cerrarse para algunas de las empresas sancionadas.
La siguiente será posiblemente todavía más compleja.
Los productores deberán demostrar cuánto habrían cobrado por su leche en ausencia de esas conductas.
Las empresas podrán discutir los métodos utilizados para calcular el perjuicio.
Los jueces deberán decidir qué porcentajes resultan suficientemente acreditados.
Y los intereses acumulados durante más de una década pueden aumentar considerablemente las cantidades finales.
Por eso, los €1.700 millones constituyen hoy una medida del tamaño potencial del conflicto, no su sentencia económica definitiva.
Lo que sí queda claro es que el cártel de la leche dejó de ser solamente un expediente de competencia.
Para miles de productores españoles, el caso entra ahora en la etapa en la que cada litro comercializado entre 2000 y 2013 puede terminar teniendo un valor pendiente de discutir ante la Justicia.
Fuente principal: elEconomista, 19 de octubre de 2026. Antecedentes contrastados con la CNMC y resoluciones judiciales disponibles.
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