En Colombia, la adulteración de la leche con lactosuero es un problema que afecta tanto a la salud pública como a la industria lechera del país. Esta práctica no solo implica un fraude a los consumidores, sino también un golpe directo a los productores lecheros y es un caso de competencia desleal.

Hace nueve años, un hombre experto en el campo, Roberto Ramírez, detectó el caso de varias marcas en cuyas leches había presencia de lactosuero. Así inició una lucha jurídica de productores y consumidores para develar un fraude que afecta a millones de colombianos.

Roberto Ramírez y el descubrimiento del lactosuero

En 2016, Roberto Ramírez Ocampo, un experto en la producción de leche y presidente de la organización Demogan, notó que varias empresas lecheras en Colombia vendían sus leches a precios anormalmente bajos. Al principio, pensó que se debía a un pago injusto a los productores, porque las cuentas no cuadraban. Había leches en las estanterías de mercados que valían menos de lo que se les pagaba a los campesinos por litro. Tras una serie de indagaciones, Ramírez envió muestras de estas leches a un laboratorio especializado en Alemania, donde le confirmaron lo que había sospechado: estaban rendidas con lactosuero.

El lactosuero es el líquido que queda tras la producción de queso y, aunque contiene algunos nutrientes, no tiene el valor nutricional de la leche. Su uso está permitido en otros productos alimenticios como panadería y bebidas fermentadas, pero no en la leche misma. El consumidor que compra leche adulterada con lactosuero es víctima de un engaño, porque le venden una cosa como si fuera otra. La leche adulterada con lactosuero tiene menos nutrientes, de tal manera que los principales afectados resultan siendo niños y mujeres en gestación, quienes, lejos de consumir un superalimento, consumen una leche rendida.

El inicio de las acciones legales

Con las pruebas en mano, Roberto Ramírez decidió interponer una Acción Popular en 2019, demandando a nueve empresas lecheras en Colombia que estaban vendiendo leche adulterada con lactosuero. Esta acción fue respaldada por varias organizaciones y entidades, entre ellas Red PaPaz, Educar Consumidores y Asotenderos Bucaramanga, que presentaron coadyuvancias a la acción, aportando nuevas pruebas para reforzar la acción jurídica. El objetivo era claro: retirar del mercado los productos adulterados y sancionar a las empresas responsables.

La evolución de la batalla jurídica

La lucha contra la adulteración de la leche con lactosuero ha tenido avances, aunque con cuentagotas. En 2020, tras la presentación de nuevas pruebas, se fortaleció la Acción Popular con el apoyo de organizaciones como Red PaPaz y Educar Consumidores, que aportaron nuevos hallazgos sobre leches adulteradas distribuidas en supermercados de bajo costo.

En 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tomó medidas más contundentes al formular un pliego de cargos en la Delegatura de Competencia contra cuatro empresas productoras y comercializadoras de leche, acusadas de competencia desleal. Dichas empresas podrían ser sancionadas por alterar la calidad del producto y por engañar a sus consumidores. Además, existe una denuncia por engaño en la Delegatura del Consumidor, relacionada con la comercialización de estos productos fraudulentos.

En paralelo, la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación penal por los delitos de corrupción de alimentos, alteración de calidad y ofrecimiento engañoso de productos. Este proceso, iniciado en 2021, podría llevar a los responsables a enfrentar penas de entre 5 y 12 años de prisión. Sin embargo, los resultados han sido escasos y aún no se ha emitido la primera condena.

Otra medida importante fue la Resolución 00002270, emitida en diciembre de 2023 por el Ministerio de Salud, que establece criterios claros para la inspección, vigilancia y control del Invima sobre la calidad de la leche que circula en el mercado. Esta resolución busca sancionar a las empresas que violen las normas establecidas en el Decreto 616 de 2006, que prohíbe la adulteración de leche con lactosuero.

En 2024, el Invima inició la toma de muestras en diferentes plantas procesadoras de leche para detectar la presencia de lactosuero, y las primeras medidas sanitarias ya han sido adoptadas contra varias marcas.

Finalmente, en 2024 se presentó una Acción de Grupo en representación de los consumidores afectados, solicitando compensaciones económicas por los daños sufridos al consumir leche adulterada.

El impacto económico y la competencia desleal

La competencia desleal que genera la adulteración de la leche afecta a toda la cadena de valor. Los productores legales no pueden competir con los precios bajos de las empresas que adulteran sus productos. Por ejemplo, en 2023, mientras el costo de un litro de leche cruda en Colombia oscilaba entre los 2.300 y 2.400 pesos, un litro de lactosuero costaba alrededor de 200 a 400 pesos. La mezcla de leche con lactosuero permitía a los productores inescrupulosos obtener ganancias diarias de hasta 20 millones de pesos, lo que resultaba en una pérdida anual de 766.000 millones de pesos para el sector.

Reglamentación pendiente

El gobierno colombiano ha intentado regular esta práctica desde 2006 con el Decreto 616, que prohíbe la adición de lactosuero a la leche. En 2023, el Ministerio de Salud trazó una línea base para detectar lactosuero en la leche. Sin embargo, el control y la supervisión aún están lejos de ser efectivos.

En cuanto a las investigaciones fiscales, aunque se han mencionado posibles infracciones tributarias por parte de algunas empresas que solicitan devoluciones de IVA, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) no ha confirmado sanciones concretas o investigaciones formales por defraudación fiscal relacionada con el lactosuero, lo que sugiere que este aspecto aún no tiene mayores avances.

En marzo de 2024, el Invima tomó medidas adicionales al retirar tres lotes de leche adulterada, pero aún queda mucho por hacer. Roberto Ramírez y otros líderes del sector insisten en que se debe fortalecer la regulación y garantizar la transparencia en la comercialización de productos lácteos.

La adulteración de leche con lactosuero sigue siendo un problema complejo en Colombia. A pesar de las acciones legales, investigaciones y sanciones, la falta de un control eficaz y la proliferación de productos adulterados siguen afectando a consumidores y productores.

La historia de esta lucha, que comenzó con la valiente denuncia de Roberto Ramírez, aún falta por tener su desenlace. Aunque el consumo de lactosuero no representa riesgos para la salud de las personas, engañarlas haciéndoles creer que consumen leche cuando en realidad están consumiendo otra cosa es algo que debe terminar. Los consumidores tienen derecho a estar bien informados y los productores honestos tienen derecho a una competencia leal.

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