El problema aparece si esa estrategia destruye valor dentro de la cadena o termina siendo financiada por proveedores anteriores.

Qué dice realmente la Ley de la Cadena

La legislación española establece un principio concreto para las relaciones entre los distintos eslabones.

Cada operador debe pagar al inmediatamente anterior un precio igual o superior al costo de producción que este haya soportado. En el caso del productor primario, el precio contractual debe superar su costo efectivo de producción.

La norma también alcanza al último eslabón.

El comercio minorista no puede ofertar un alimento al consumidor por debajo de su precio real de adquisición, salvo determinadas excepciones previstas para productos perecederos próximos a quedar inutilizados.

Y hay otra disposición especialmente relevante para el conflicto actual: el distribuidor no puede repercutir hacia los operadores anteriores el riesgo económico derivado de su política de precios al público.

Ese punto es el que Unión de Uniones quiere poner bajo vigilancia.

Una rebaja puede salir del margen del supermercado

Si una cadena compra una leche a determinado precio y decide reducir su margen comercial para ofrecerla más barata al consumidor, la rebaja puede ser compatible con la legislación.

Lo que no debería ocurrir es que esa decisión se traduzca posteriormente en una exigencia de menor precio a la industria y que esa reducción termine recorriendo la cadena hasta el ganadero sin respetar los costos correspondientes.

Por eso, el interrogante relevante no es solamente cuánto cuesta el litro en la góndola.

Es quién absorbe la rebaja.

La propia Ley de la Cadena fue modificada precisamente para intentar evitar esa destrucción de valor y mejorar la posición de los operadores con menor capacidad negociadora.

Unión de Uniones pide que se controle la cadena completa

La organización considera insuficiente esperar a que aparezcan contratos por debajo de costos.

Su reclamo apunta a que las administraciones fiscalicen desde ahora si las promociones comerciales pueden estar generando presión sobre proveedores.

El gremio sostiene que el problema ya se vivió en otros momentos, cuando la leche fue utilizada como un producto para atraer consumidores mediante precios especialmente bajos.

La preocupación aumentó después de las recientes reducciones en referencias de Mercadona, una cadena con un peso importante en la comercialización de leche líquida.

Unión de Uniones ya había cuestionado durante 2026 las bajadas en el lineal y pedido actuaciones de la autoridad encargada de controlar la cadena alimentaria.

El productor cobra menos que hace un año

El reclamo aparece además en un momento de precios de origen más bajos.

Los últimos datos oficiales disponibles muestran que en agosto el productor español cobró en promedio €0,469 por litro.

El valor mejoró ligeramente frente a julio, pero se mantuvo 9,6% por debajo de agosto de 2025, cuando rondaba €0,519/litro.

España, al mismo tiempo, recibió 624.947 toneladas de leche durante agosto, 3,3% más que un año antes.

La combinación es clara: más leche, pero menor precio interanual al productor.

El 14% es una estimación del gremio

Unión de Uniones sostiene que el precio percibido por los ganaderos se encuentra 14% por debajo de comienzos de año.

La cifra debe mantenerse atribuida a la organización.

El gremio también estima que el costo medio de producción ya habría superado los €0,50 por litro.

Del mismo modo, señala aumentos de 6% en piensos, 10% en alfalfa, 52% en paja, 16% en veza, 22% en gasóleo y 20% en electricidad.

Son cálculos de Unión de Uniones y no representan necesariamente los costos de todas las explotaciones españolas, que varían según región, sistema productivo, alimentación y escala.

La ley trabaja con el costo de cada operador

Esta diferencia es importante.

La legislación no establece un único “costo oficial” para toda la leche española.

El costo efectivo comprende los gastos realmente asumidos por el productor, como alimentación, combustible, energía, veterinaria, maquinaria, reparaciones, amortizaciones, financiamiento y trabajo.

Por lo tanto, que un gremio estime un costo medio superior a €0,50/litro no significa automáticamente que todo contrato inferior a esa cifra sea ilegal.

El análisis debe realizarse sobre los costos efectivos correspondientes al productor involucrado.

Tampoco el precio de góndola se compara directamente con el costo del tambo

Otro punto merece precisión.

No corresponde comparar directamente el precio que recibe el ganadero con el precio final de una botella y concluir a partir de esa diferencia si existe o no una infracción.

Entre ambos aparecen industria, tratamiento térmico, envase, transporte, almacenamiento, logística, distribución e impuestos.

La ley sigue la cadena eslabón por eslabón.

El productor debe recibir un precio superior a su costo efectivo.

La industria debe preservar el valor cuando compra y vende.

Y la distribución no puede vender por debajo de su precio real de adquisición ni descargar sobre proveedores anteriores el costo de su propia política comercial.

La discusión pasa de los contratos al supermercado

El reclamo se conecta directamente con otro debate abierto esta semana.

Unión de Uniones también pidió reforzar el denominado paquete lácteo porque considera que muchos productores tienen escaso margen real para negociar las condiciones ofrecidas por las industrias.

La organización resumió esa situación señalando que en determinadas negociaciones el productor recibe el contrato y enfrenta el riesgo de quedarse sin recogida si no acepta.

Ahora agrega el comportamiento de la distribución al problema.

Para el gremio, la vulnerabilidad se produce en los dos extremos: cuando el productor negocia con la industria y cuando la distribución utiliza su poder comercial sobre esta última.  

El productor pide que la promoción no termine en su bolsillo

Unión de Uniones no plantea que no puedan existir ofertas para el consumidor.

Su reclamo es otro.

Si un supermercado decide vender más barato, sostiene que la reducción debe salir de su propio margen y no generar posteriormente una cadena de exigencias de precios inferiores hacia industria y producción.

Esa es precisamente una de las situaciones que la legislación intenta limitar mediante la prohibición de transferir hacia atrás el riesgo derivado de las políticas comerciales.

Tractorada prevista para el 28 de octubre

La organización llevará el reclamo también a la calle.

Unión de Uniones anunció su participación en una tractorada en Madrid el 28 de octubre, donde el cumplimiento de la Ley de la Cadena formará parte de sus reivindicaciones.

El gremio acusa a las administraciones de no aplicar con suficiente eficacia una norma que, según entiende, debería proteger mejor al productor.

Esa es una valoración de la organización, no una constatación de que las recientes rebajas de los supermercados constituyan por sí mismas una infracción.

El dato que falta: quién está pagando la rebaja

Ese será el punto decisivo.

El precio del supermercado puede bajar legalmente.

Incluso puede hacerlo con fuerza.

Pero el comercio no puede utilizar esa estrategia para romper las salvaguardas económicas establecidas para los proveedores anteriores.

Por eso, para saber si las recientes promociones representan realmente una amenaza para el productor no alcanza con mirar la etiqueta en el lineal.

Habrá que observar los próximos contratos.

Los precios industriales.

Las condiciones comerciales.

Y, especialmente, si la rebaja queda en el margen de la distribución o empieza a viajar hacia atrás hasta llegar al litro que cobra el ganadero.

Fuente principal: Agroinformación / Unión de Uniones. Normativa contrastada con el BOE y el Ministerio de Agricultura de España; precios de origen con datos de INFOLAC/MAPA.

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