El conflicto legal derivado del denominado “cártel de la leche” en España ha entrado en una fase técnica decisiva, transformando los juzgados en un complejo escenario de debate macroeconómico y econometría aplicada. Tras la ratificación de la Audiencia Nacional en 2024 sobre la existencia de prácticas de intercambio de información comercial entre las principales industrias compradoras de materia prima, las grandes corporaciones del sector han estructurado una agresiva estrategia de defensa pericial para frenar las demandas de indemnización masivas presentadas por los productores primarios, las cuales superan, según estimaciones del sindicato Unións Agrarias y el bufete Skariam, los 600 millones de euros.
Dado que en los casos de infracciones al derecho de la competencia opera una presunción iuris tantum —se asume inicialmente que el pacto o intercambio de datos causó un perjuicio económico al ganadero en forma de un precio artificialmente bajo—, compañías de la talla de Lactalis, Nestlé, Danone, Calidad Pascual y Capsa (Central Lechera Asturiana) buscan destruir esa premisa. Para ello, han contratado a las firmas de consultoría e inteligencia financiera más influyentes del mundo con el objetivo de demostrar que las conductas sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) resultaron inocuas para el mercado de origen.
El despliegue estratégico de las multinacionales
La industria procesadora ha diversificado sus respaldos técnicos para impugnar los modelos de regresión de los productores (quienes se apoyan en periciales de firmas como Oxera, Compass o PQ Axis) y minimizar la cuantificación de eventuales daños:
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Lactalis (Puleva, Ram, Président): Aportó informes de Kroll y Duff&Phelps. Su argumento central, convalidado en recientes resoluciones de la Audiencia Provincial de Barcelona, demuestra que entre 2000 y 2013 los precios de la leche cruda en España (homogeneizados por grasa y proteína) fueron los cuartos más altos de la UE-15, superando a mercados de referencia como Francia y Portugal.
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Danone: Reclutó a RBB Economics. Su informe analiza las series temporales durante y después del periodo de infracción. Concluye que no existen desviaciones estadísticas que permitan afirmar que la compañía abonó importes inferiores a los que habría dictado el libre mercado en ausencia de contactos sectoriales.
Nestlé: Coordinada técnicamente con los servicios de Nera Economic Consulting, enfocando su defensa en la volatilidad de los márgenes comerciales de las granjas en la Península Ibérica y la regularidad de los flujos de comercio transfronterizo.
Calidad Pascual y Capsa: Delegaron sus análisis en KPMG y Frontier Economics, respectivamente, mientras que Schreiber Foods (principal interproveedor de yogures de Mercadona) recurrió a UB Economics.
Disparidad de criterios en las indemnizaciones fijadas por los tribunales
A la espera de que el Tribunal Supremo español resuelva la totalidad de los recursos sobre las multas administrativas —donde solo ha trascendido la firmeza de la sanción de 6,8 millones de euros a Nestlé, restando expedientes de gran envergadura como los de Lactalis (21,9 millones) o Capsa (21,8 millones)—, los juzgados de primera instancia y las audiencias provinciales exhiben un criterio dispar al tabular el impacto real en los balances de los ganaderos:
| Tribunal / Órgano Judicial | Sentencia / Dictamen | Daño Cuantificado (% sobre precio de venta) | Línea de Argumentación Jurídica |
| Juzgado de lo Mercantil N° 14 de Madrid | Fallo de Primera Instancia | 9,4% | Absorción de las tesis de los demandantes; impacto severo en origen. |
| Audiencia Provincial de Barcelona | Caso León (2,8 M€ reclamados) | 2,0% | Estimación judicial propia. Determina baja intensidad del cártel. |
La visión de los magistrados sobre la “baja intensidad”: Al recortar las pretensiones de los productores (que exigían hasta un 14,4% de compensación central), la Audiencia de Barcelona ha estipulado que el “cártel de la leche” revistió menor gravedad que otros acuerdos colusorios como el de camiones o automóviles. Los magistrados sostienen que los hechos probados describen intercambios de datos sobre excedentes y estrategias con periodicidad irregular e intervalos prolongados de inactividad, en lugar de acuerdos sistemáticos y continuos de bajadas de precio o reparto geográfico de cuencas de recogida.
Este escenario técnico-legal continuará tensionando las relaciones entre el eslabón primario y la industria en España, marcando un precedente clave para el derecho de la competencia agroalimentaria dentro del bloque de la Unión Europea.
Fuente: Economía Digital
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