Negar la importancia del sector agropecuario argentino, que va desde millones de toneladas de cereales y oleaginosas al millón y medio de dólares que exporta un productor formoseño de piel de yacarés (exporta a fabricantes de botas texanas en EEUU, y en Europa a Fendi y Ferragamo), es de ignorantes o malandras.
Esta semana me alcanzaron estos los números de Luis Villa:
¿Qué dice el INDEC?
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/complejos_09_23312BB213E9.pdf
Negar la importancia del sector industrial ligado al agro (MOA según nomenclatura del INDEC), recibe las mismas calificaciones.
Ahora bien, el tema no es lo que hacen “los otros”. sino los propios.
El sector agropecuario y el sector agroindustrial en la política argentina
Las élites que gobiernan a la Argentina en las últimas décadas tienen un plan económico que se puede resumir como “vivamos todos del campo”.
En el mismo los funcionarios – gobierno tras gobierno – diseñan formas de extraer riqueza del sector agropecuario para trasladarla a otros sectores de la economía, preferentemente a los bolsillos de los implicados.
Es así como se diseñan distintas formas de escamotear lo que a otros pertenece (tarea 1) y luego cómo repartirse el botín obtenido entre los que manejan la cosa (tarea 2).
Bajo esa óptica, entonces, uno debe entender, por ejemplo, a las LELIQs (pasivos remunerados del BCRA). El estado le quita riqueza a los productores agropecuarios (leche, arroz, maíz, maní, aceitunas, cebollas, limón, piel de yacaré) y luego la distribuye entre los distintos “empresarios” que ayudaron a los políticos a llegar a donde están y luego le sostienen la gobernabilidad, entre otras cosas, mediante el manejo de la prensa. En el caso de los intereses de LELIQs, es una forma por la cual la banca se apodera de parte del botín. Las LELIQs son solamente una forma. Podrían ser subsidios o cualquier otra.
Podemos decir lo mismo con, por ejemplo, “los industriales” (grupo por demás heterogéneo), en particular, pero no únicamente, con el sector automotriz. El gobierno paga(ba) – roba(ba) – ilegalmente la mitad del valor de las exportaciones mediante manipulación del tipo de cambio (50% principios gobierno de Alberto Fernández, 66% sobre el final) y luego eso lo reparte entre distintos sectores favorecidos por el gobierno. En la administración AF tuvimos las mayores exportaciones de la historia de nuestro país, U$D 88.446 millones, 2022. De ese monto el gobierno se quedó con el 50% vía el BCRA (*). El BCRA cobró un impuesto del 50% no legislado. ¿Qué hizo con ese dinero? Le vendió dólares a mitad de precio a los amigos. Por ejemplo, a las terminales automotrices (que ensamblan productos importados), a los ensambladores de motos, licuadoras, o PC (Tierra del Fuego) y a los que se dibujaron “deudas” con el exterior. La lista es larga.
Más allá de que pueda haber o no algún manejo turbio por parte de un funcionario para darle a A o a B la “autorización” de comprar dólares a mitad de precio, eso no es lo importante. Ver si hay o no sobornos en la forma en que se reparte un botín es sacar la vista del problema principal: el saqueo organizado e institucionalizado por parte de empresas y particulares a un conjunto de conciudadanos, instrumentado por funcionarios públicos.
El sistema en sí es criminal. Que un organismo público (el BCRA) le quite la mitad del precio a alguien que produce un bien y lo haga sin ley que lo respalde y que no sólo no reciba ninguna condena judicial sino que el procedimiento sea sostenido muy orondo por funcionarios y propagandistas (mal llamados “periodistas”) por prensa escrita, televisiva o radial: eso es criminal. Con innumerables cómplices, además.
Ahora bien, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué los saqueadores proceden sin resistencia por parte de los saqueados? Tomo el caso del tipo de cambio porque implica miles de millones de dólares por año – un negocio más grande que el tráfico de drogas, armas o trata de blancas – por lo obsceno.
Podríamos hacer el mismo análisis con impuestos, tasas o formalidades incomprensibles (**).
La cadena afecta a los productores, pero también a las economías provinciales, incluidos los fiscos provinciales.
Quitar el 50% del valor de venta de un bien mediante diferencial de cambio, afecta la rentabilidad de la familia o empresa. Es un 50% menos de ingresos y una estructura de rentabilidad totalmente diferente.
Economía es SIEMPRE microeconomía.
Eso puede tener dos consecuencias: una caída de la rentabilidad, por lo tanto una caída del impuesto a las ganancias, incluido lo que va a las provincias, o peor aún, que una actividad que de otra manera sería rentable, se vuelve lo contrario y por lo tanto, se deja de producir; verdadera razón por la cual el “campo” argentino no crece. Mientras Rusia, Brasil, Uruguay y Paraguay aumentan año a año su producción, Argentina permanece estancada. Básicamente por las genialidades de los gobernantes que operan bajo la lógica de “vivamos todos del campo”.
Dicho de otra manera, los U$D 44.223 millones de dólares que le esquilmó el BCRA a quienes producen bienes de exportación (la mitad de los U$D 88.446 millones exportados durante 2022), se retrajo en su totalidad de la base de liquidación de ganancias. Esto es, se liquidaron menos impuestos a las ganancias por el 35% de U$D 44.223 millones: U$D 15.478 millones. Ganó el BCRA (el gobierno federal), perdieron los fiscos provinciales y los particulares.
A las provincias les toca un poco menos de la mitad de la recaudación de imp. a las ganancias (el resto del impuesto queda en el gobierno federal). O sea, el BCRA le robó una parte a los productores y otra a los fiscos provinciales. Más o menos U$D 28.744 millones a los productores (lo que les hubiera quedado si no tenían diferencial de tipo de cambio pero sí tenían que pagar ganancias) y un poco menos de U$D 7.739 millones a repartir en las provincias (el dinero de ganancias que se hubieran repartido las provincias si no existiera el diferencial de tipo de cambio) (***).
¿Lobby o representación?
Y acá me pregunto por qué los que deben defenderse no se defienden. ¿Por qué los saqueados no usan todas las herramientas a su disposición para evitar ser víctimas de un abuso oprobioso que tiene a todo el país sumergido – innecesariamente – en la miseria? Evitar este atropello por parte de los grupos de poder que sostienen y refuerzan y defienden el sistema “vivamos todos del campo” forma parte del principio natural de autopreservación. Es un principio consagrado por la Constitución e incluso por el Código Penal: actuar en defensa propia.
Defender los propios intereses está garantizado por la Constitución: derechos de asociación y de peticionar a las autoridades. El artículo 1 de nuestra Constitución establece que nosotros somos una República representativa por lo cual tenemos derecho a representar y ser representados.
Además, existe la posibilidad de acudir a la Justicia: ¿Que a uno le quiten el 50% del valor de venta de un bien, sin un impuesto? ¿Confiscar un bien – la divisa – a precio vil sin ley previa? Son juicios que se ganan. Sin embargo, los perjudicados no accionaron.
¿Entonces?
Esta semana fue al canal de TV IP el ex secretario de Producción De Mendiguren, donde disertó sobre todos los errores del gobierno actual (que lleva un mes) y todos los aciertos del propio. De Mendiguren es corresponsable de una de las peores gestiones económicas de nuestro país, que se caracteriza por haber sufrido gestiones económicas horribles. Fue, desde siempre, el gran propulsor político de Sergio Massa y, debemos reconocer, es un extraordinario lobbista. Tremendamente eficiente en la defensa de los intereses económicos de sus representados.
¿Qué nos dice su aparición? Que tienen el suficiente poder para hacerse llamar por TV y continuar la defensa del sistema que nos fundió y generó que en Argentina haya millones de pobres, mientras De Mendiguren y sus representados se hacen cada vez más ricos. Pero dejemos la indignación de lado. Saquemos la mano de las perlas. De Mendiguren su trabajo lo hace bien. Lo hace muy bien.
¿Y por casa cómo andamos?
Y acá quiero ir al excelente artículo, un ensayo en verdad, de Germán Masserdotti:
Él sostiene que hay tres formas de representación y las desarrolla en detalle:
“A) El poder como representante de la sociedad…
B) La representación de la sociedad ante el poder…
C) La representación en el poder….
Si un sector – como el agropecuario y agroindustrial – es responsable de generar casi ⅕ del PBI de un país, casi ¼ del trabajo, ⅕ de los ingresos fiscales (legítimos; no incluyo acá lo robado por el BCRA), y ⅔ de las exportaciones, entonces debería tener una representación en ambas cámaras nacionales (Senado y Diputados) en una proporción entre ⅕ y ⅔.
Frente al DNU y el proyecto de ley presentados por el flamante PE, diversos sectores de intereses plantearon ante la justicia y ante el Poder Legislativo su oposición – con o sin razón -; se movieron y lo hicieron. Los gobernadores patagónicos rápidamente se nuclearon en la defensa de lo que creen son sus intereses petroleros. Con eficiencia presentaron sus planteos. Y acá no hablo de que sea justo o no, simplemente remarco su profesionalismo en defensa de sus intereses. Hasta el sector pesquero (responsable de exportar entre mil y dos mil millones de dólares al año) rápidamente encontró un vocero en cabeza del intendente de Mar del Plata.
Mientras, el sector rural, que produce y exporta varias veces más que el petrolero y ciertamente decenas de veces más que el pesquero, gira sin rumbo.
Tiene pocos diputados, tiene pocos senadores, casi no tiene gente en el ejecutivo, no tiene jueces (el Deep State argentino, sí). No tiene. Por eso siempre es el pato de la boda.
Como ya he remarcado varias veces, los productores deben integrar los cuerpos colegiados: concejos deliberantes, legislaturas provincias, Congreso Nacional. ¿En qué proporción? El objetivo debería ser el de la importancia económica y social del lugar, ya sea el concejo deliberante de Goya, la legislatura del Chaco o el Congreso Nacional.
Un mínimo de 51 diputados y 14 senadores y un máximo de 171 diputados y 48 senadores a nivel nacional. En cada comarca, tendrán que hacer las cuentas. No sólo no hay ley que lo impida sino que es el sistema diseñado en la Constitución. Si no lo hacen, es por falta de voluntad.
Lejos están del mínimo. Peor aún si se lo compara con sectores relevantes pero de menor volumen como el petrolero, minero, la banca o las farmacéuticas.
Santa Cruz acaba de votar un gobernador que proviene del sector petrolero. Neuquén desde hace décadas envía senadores que defienden su actividad principal: el petróleo. Es lo que debe ser. Cada uno debería defender lo suyo. Es, como dije, un derecho inalienable.
Defender el campo no es solamente abogar por un sector patronal y un sindicato: es federalismo, forma de vida, tradición y ocupación del territorio.
Ahora queda que los productores rurales miren, aprendan y ejecuten (****).
El 2025 está cerca.
Y recuerden: defender los intereses propios no es deshonroso, es el derecho que nos asiste a cada uno de nosotros, garantizado por varios artículos de nuestra Constitución Nacional.
* * *
Notas:
(*)
La cifra es un poco menor porque algunos sectores estuvieron exentos de tener que liquidar las divisas a mitad de precio.
(**)
En menor medida, es tan abuso el asesinato arbitrario de cientos de miles aves – bajo la excusa de un nunca demostrado “brote” de gripe aviar – durante el 2022 por parte del SENASA, sin consecuencias aún para las autoridades responsables, como el diferencial del tipo de cambio o los derechos de exportación o la ausencia de ajuste por inflación en los balances base de la liquidación del impuesto a las ganancias.
(***)
El 39% de ese dinero corresponde a la Provincia de Buenos Aires. Lo que nos lleva a preguntarnos por qué el gobernador de Buenos Aires no protestó en estos últimos cuatro años.
(****)
Este razonamiento es válido para los productores rurales, los enfermeros del Posadas o los policías de la Provincia de Entre Ríos.
