En medio de la carrera contrarreloj de las diferentes cámaras y fundaciones relacionadas con el agro que se acercaron al Congreso para explicar cada una de las de las situaciones que atraviesan, la Fundación Barbechando planteó la necesidad de que las pymes nacionales sean alcanzadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El argumento que expuso la fundación es que este excluye al 99% de las empresas argentinas, por lo que solicitaron la definición de dos artículos contemplados dentro del proyecto de la ley ómnibus. En las últimas modificaciones del proyecto no se incorpora nada de las pymes y el monto mínimo de inversión que se actualizó es de US$150 millones, por lo que aun así deja afuera a estas empresas.
En los últimos días, las autoridades de la Fundación, especializada en temas legislativos del agro, enviaron la propuesta a los legisladores y asesores de los diferentes espacios dialoguistas para que esta sea contemplada. Buscan que las pymes también puedan ser alcanzadas por este nuevo régimen jurídico propio que intenta dar certidumbre a largo plazo a las grandes empresas.
Entre otras medidas proponen favorecer “la amortización acelerada [de inversiones], la valuación de la hacienda, el saldo a favor técnico por inversiones en bienes de uso, el certificado de crédito fiscal y la promoción del empleo”.
La presidenta de Barbechando, Ángeles Naveyra, explicó que de las dos alternativas que proponen, lo más “transparente” es armar una parte especial para pyme y no modificar RIGI tal como está planteado en el proyecto de ley que hoy consiguió dictamen de mayoría en la Cámara Baja. “Las herramientas impositivas son diferentes y la dinámica de las pymes es totalmente distinta”, sostuvo.
Sucede que en el Capítulo II, Art 447 del megaproyecto de ley, se especifica que “se otorgará a los titulares y/u operadores de grandes inversiones en proyectos nuevos o ampliaciones de existentes que adhieran a dicho régimen, los incentivos, la certidumbre, la seguridad jurídica y la protección eficientes de los derechos adquiridos a su amparo”.
“Lamentamos la inexistencia de incentivos para las pymes en el Régimen de RIGI. Deben incorporarse herramientas fiscales para PyMES que promuevan la inversión, tales como amortización acelerada, la devolución del saldo técnico de IVA generada por la compra de bienes de uso y el cómputo de crédito fiscal para determinadas inversiones”, arguyen en la Fundación. El monto mínimo de inversión que se explicitaba en el proyecto original del RIGI era de US$200 millones, especificado en el artículo 10, del anexo III. Este monto, sostienen, “excluye al 99% de las empresas argentinas”. No obstante, en la última versión de las modificaciones del proyecto de ley, que entró a comisión, se contemplaba un monto de US$150 millones.
“En el recinto queda una chance de que lo incluyan al momento de tratar este dictamen, pero va a ser más difícil”, dijo Naveyra, quien agregó que “desde hace dos años vienen trabajando” en ese sentido para que a través de una ley se implementen herramientas impositivas para las pymes agropecuarias. De esta forma, esto les “permitirá desplegar todo el potencial que tienen para hacer crecer la economía”.
En la exposición que hizo en el Congreso, Manuel Chiappe, director general de la Fundación, días atrás manifestó que las pymes, que son más del 99% de las empresas del país, generan casi siete de cada diez empleos y pueden dar “una respuesta productiva notoriamente más rápida y federal”, que empresas de mayor tamaño. Además, de “celebrar” el régimen y pedir su extensión, el directivo agregó que “miles de decisiones casi simultáneas de cambiar la cosechadora, ampliar el tambo, comprar un equipo de riego, montar una empacadora de fruta y similares se toman en una mesa de escritorio y se ejecutan en semanas, por un monto total equivalente al del armado de un puerto fluvial o una explotación minera, mucho más extendidos en el tiempo”.
“No seamos adictos a la macro, veamos también la micro. Démosle la oportunidad a las pymes de poder participar de este esquema, nuestras provincias lo van a agradecer. Y ellas nos han demostrado con creces que son el motor de la Argentina”, completó Chiappe.
En un documento que le hicieron llegar a los legisladores y sus asesores para que analicen la propuesta, la Fundación recalca que “el RIGI aportaría dinamismo a las inversiones y presencia federal/territorial. El dinamismo se daría, ya que al tratarse de inversiones de menor volumen y monto, las mismas pasan por procesos de decisión empresarial mucho más dinámicos. Al mismo tiempo, la brecha entre la decisión de inversión y su ejecución es mínima. Adicionalmente, muchas de las inversiones podrían ser realizadas con capital propio de las empresas”.
Según resaltan, “al aplicar un esquema similar, atendiendo a la heterogeneidad existente en la productividad y en la competitividad de las distintas cadenas de valor y en los productores pymes que las conforman; es posible lograr el objetivo de promover el incremento de la inversión y el empleo, impulsar la producción y la competitividad de los distintos sectores que forman parte de las cadenas y/o redes de valor agroindustriales, mejorar la calidad de las mismas mediante una mayor industrialización, procurar el aprovechamiento integral de la biomasa y su transformación en bioproductos de alto valor agregado y energía, potenciar la producción de los alimentos listos para consumir, los productos agroforestales, las tecnologías y servicios para la agroindustria y en particular, las economías regionales”.
La idea es que las pymes sean incluidas en el RIGI, pero en especial a aquellas de origen agroindustrial, por lo que plantean que esto se lograría definiendo en el Artículo 9 y artículo 10 del Anexo II, del régimen que especifica los montos diferenciales para “grandes inversiones” y, por tanto, que se sume a las “pequeñas y medianas inversiones”.
No obstante, tal como mencionó Naveyra, en caso de que no sea factible el punto anterior, proponen medidas para incentivar las inversiones agroindustriales de las pymes. Entre estas enumeran, “la amortización acelerada [de inversiones], la valuación de la hacienda, el saldo a favor técnico por inversiones en bienes de uso, el certificado de crédito fiscal y la promoción del empleo”.
