Impacto logístico y perecederidad
Desde el 9 de abril de 2026, la industria láctea colombiana enfrenta una parálisis preocupante. Las manifestaciones contra la actualización catastral del IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) han derivado en cierres de vías que impiden que los camiones cisterna lleguen a las fincas.
De acuerdo con Asoleche, el problema principal radica en la naturaleza del producto:
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Ventana crítica: La leche cruda debe transportarse a las plantas en un máximo de 48 horas. Superado este tiempo, el producto pierde calidad o se acidifica, resultando en pérdida total.
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Corredores afectados: Los bloqueos se concentran en Santander (situación crítica) y municipios de Boyacá como Moniquirá y Chitaraque.
El dilema de los pequeños productores
La situación presenta una paradoja social y económica:
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Reclamo legítimo: Muchos campesinos protestan porque el aumento del impuesto predial supera su capacidad real de pago, amenazando la sostenibilidad de sus tierras.
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Auto-perjuicio económico: Los mismos productores que protestan dependen del cheque diario de la venta de leche. Al bloquear las vías, impiden que su única fuente de ingresos sea recolectada, agravando su crisis financiera.
Consecuencias en la cadena de valor
El gremio advierte que los efectos se sentirán en todos los eslabones:
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Costos logísticos: Los transportadores que buscan rutas alternas enfrentan fletes más caros y trayectos más largos, lo que eventualmente podría trasladarse al precio final al consumidor.
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Abastecimiento: Si la situación persiste, se prevé escasez de leche fluida y derivados en las principales ciudades de la región andina.
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Seguridad alimentaria: La interrupción de la cadena pone en riesgo el suministro de un alimento básico para la población infantil y vulnerable.
Llamado a la concertación
Asoleche y otros gremios agropecuarios han solicitado al Gobierno Nacional y a los manifestantes establecer corredores humanitarios para el transporte de alimentos. La industria enfatiza que, si bien las preocupaciones fiscales son válidas, no deben comprometer la viabilidad de la producción de alimentos en el país.
Fuente: Revista Semana
