La Cámara Federal de Resistencia (Chaco) confirmó una cautelar del Juzgado Federal de Reconquista (Santa Fe) que le prohíbe al grupo Vicentin Family Group hacer cambios en la participación accionaria de sus empresas que integran el holding, que pertenece a los accionistas que, a su vez, controlan la concursada cerealera Vicentin.
Consultadas, fuentes del grupo minimizaron el alcance del fallo, ya que, explican, se trata de una cuestión de forma, y no de fondo, que será debidamente apelado.
La Cámara confirmó la decisión que tomó el juez de primera instancia de Reconquista, Aldo Alurralde, ya que entendió que “cuenta con facultades para su dictado”.
“Remitiendo al principio de validez del acto jurisdiccional -y teniendo en cuenta que no se advierte autocontradicción, excesivo rigor formal y menos aún error axiológico inexcusable en la interpretación de la ley que autorice la descalificación del fallo- debe estarse a su validez”, consigna la resolución, que lleva la firma de los magistrados Rocío Alcalá, María Delfina Denogens y Enrique Bosch.
Así, la Justicia dio lugar al planteo de la Unidad de Información Financiera (UIF). La causa, en la que el organismo es querellante, investiga las supuestas maniobras de Vicentin por endeudamiento excesivo con el Banco Nación y el presunto desvío de dinero hacia otras compañías del grupo y cuentas en el exterior.
Vicentin Family Group apelará la decisión de la Cámara de Reconquista en la Cámara de Casación. “La Justicia no se expidió sobre el fondo de la cuestión, sino sobre una apelación, es decir, una presentación que hizo Vicentin. No hay un dictamen último”, señaló la defensa.
Asimismo, en el sector aseguraron que, por el momento, “esta decisión no modifica la situación de la causa”, con lo cual, el proceso de auditoría y la búsqueda de inversores continúa su curso.
Uno de los activos afectados, por ejemplo, podría ser Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), el fabricante de los yogures Yogs y los postrecitos Shimy de SanCor. Esta operación también está paralizada por un fallo judicial. Vicentin Family Group gestiona este negocio desde 2016, cuando la cooperativa se lo cedió por u$s 100 millones.
Ahora, la familia Vicentin intenta vendérselo a los dueños de la marca láctea La Suipachense. Pero la operación está freezada por una inhibición judicial que le prohíbe desprenderse de varios de sus activos, en este caso, dictada por el juez penal de Rosario, Nicolás Foppiani, que dio lugar al pedido presentado por el fiscal Miguel Moreno, de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos de la Fiscalía Regional n° 2.
EL ORIGEN DE LA CAUSA
La UIF inició la causa en junio de 2020. El organismo se presentó en los tribunales de Comodoro Py, a partir de una denuncia realizada a comienzos de ese año por la Fundación para la Paz y el Cambio Climático.
Ante los pedidos de la UIF para que se abriera un expediente, el fiscal Gerardo Pollicita, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°11 del Poder Judicial de la Nación, determinó que si bien las acusaciones de defraudación y lavado de activos se encontraban comprendidas en el objeto procesal, no sucedía lo mismo con la venta de Renova (planta de biocombustibles que Vicentin tenía con Glencore) y la denuncia por el contrabando de granos, ya que son competencia territorial de Reconquista.
Por ello, el juez federal Julián Ercolini se declaró incompetente y remitió los hechos al Juzgado Federal de Reconquista. En septiembre, la UIF pidió ser querellante y solicitó “la inhibición general de bienes de las 21 sociedades que componen la estructura del grupo Vicentin” y que no se le permita “innovar sobre la totalidad de su paquete accionario”.
El Gobierno estuvo más atento a estas operaciones, luego de la venta del friogrífico Friar, controlado por el grupo Vicentin y en el que la propia cerealera tenía un ínfimo 0,4%, al fondo BAF Capital. Esta transacción se realizó en agosto del año pasado.
