Productores autoconvocados realizarán una asamblea multisectorial el 9 de agosto en Bell Ville, Córdoba, ante la inacción del gobierno por los reclamos hechos durante la última movilización.

“Las exigencias formuladas en la Proclama de San Nicolás cayeron, como era de esperar, en oídos sordos. No hubo ningún intento, por parte del gobierno nacional, de tomar alguna medida en la dirección solicitada”, expresó el comunicado.

En cuanto a gobiernos provinciales y municipales, a pesar de haber entregado el documento en casi 100 municipios, sólo en Las Breñas (Chaco) hubo una respuesta institucional: el Consejo Deliberante adhirió, por unanimidad, a la Proclama, declarándola de interés municipal y apelando a autoridades nacionales, provinciales y locales a tomarlo en consideración.

Ante esta situación, la organización de productores autoconvocados hará nueva asamblea el lunes 9 de agosto en la ciudad de Bell Ville (Córdoba), con el fin de coordinar acciones y elaborar un plan de lucha.

“Aunque la asamblea está abierta a quien quiera participar, el objetivo no es lograr una convocatoria masiva como la del 9 de julio, sino contar con la presencia de referentes de los diferentes sectores (cámaras empresarias, colegios y asociaciones profesionales, entidades rurales, etc.) que puedan hablar en nombre de sus representados y proponer medidas de fuerza adecuadas a su actividad”, dijeron.

La proclama en San Nicolás
1) Que el cumplimiento de la Constitución Nacional no es optativo, sino obligatorio. Ante la grave situación actual, y las dificultades que acarrea al normal funcionamiento de las instituciones, el Estado debe ser más prudente que nunca. Ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso deben sancionar leyes ni tomar medidas cuya constitucionalidad no resulte, a todas luces, indiscutible.

2) Que la única fuente de riqueza genuina de una nación es la actividad productiva. Argentina no puede sostenerse, mucho menos prosperar, sin agricultura, sin industria, sin comercio, sin servicios. Ninguna de estas actividades puede desarrollarse como nuestro país necesita con la presión impositiva y las leyes laborales actuales.

3) Que el derecho a la propiedad está garantizado por la Constitución y todo funcionario público está obligado a velar por su respeto. Nadie que ocupe un cargo público debe hacer declaraciones que relativicen o pongan en duda este derecho, pues al hacerlo no hablan en su propio nombre, sino en el del Estado, y el Estado no puede sostener opiniones contrarias a la Constitución.

4) Que es obligación del Estado compensar a aquellos ciudadanos que se ven forzados a mermar o sacrificar sus actividades productivas para preservar la salud de la comunidad (como prestadores turísticos, gastronómicos, organizadores de eventos, entre otros).

Todos los rubros afectados de manera directa por las restricciones sanitarias deben quedar exentos de cualquier tasa o impuesto nacional, provincial y municipal, y esta exención debe prolongarse el tiempo suficiente para que puedan recuperarse, ya que es el propio Estado el que les impide trabajar en nombre del bien común; y las limitaciones a su actividad no deben prolongarse ni un minuto más de lo estrictamente necesario.

5) Que la educación es un derecho inalienable, y sólo la presencialidad puede garantizar el acceso a ella a todos los niños del país. Las escuelas deben ser lo último en cerrarse, lo primero en abrirse, y la suspensión de clases presenciales debe ser por poco tiempo y sólo en los distritos en que resulte realmente indispensable.

6) Que el personal de salud es el principal afectado por la pandemia, y debe ser reconocido no sólo en forma simbólica sino también económica. Ningún bono, aumento o beneficio otorgado por el Estado debe superar, en monto o porcentaje, a aquel que se otorgue a médicos, enfermeros y demás trabajadores del sistema de salud.

7) Que la única fuente de ingresos para el país es la exportación, y cualquier medida que la obstaculice, la limite o la desaliente es absurda. El gobierno debe derogar inmediatamente cualquier prohibición o cupo para todos los rubros, terminar con el desdoblamiento cambiario, y proponer un plan de reducción progresiva de las retenciones que permita eliminarlas en el menor tiempo posible.

8) Que el déficit que resulte de los impuestos que dejen de percibirse por las exigencias anteriores debe compensarse con una reducción del gasto público en general, y del gasto político en particular. La clase política y su entorno deben compartir los sacrificios del resto de la ciudadanía, y ser los primeros en posponer sus intereses y objetivos en un contexto de crisis.