El martes 23 de enero venció la extensión de la conciliación obligatoria entre la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) y la cooperativa láctea SanCor y no hubo acuerdo entre las partes. Por eso, en las últimas horas del pasado viernes el gremio decidió iniciar nuevas medidas de fuerza, esta vez, una paralización de actividades en las cinco plantas de la empresa durante seis horas diarias por turno.
Desde el sindicato enviaron mensajes a los trabajadores comunicando la “retención del débito laboral por falta de pagos de haberes” desde las 20 horas del 26 de enero, señalando que cada uno de ellos podría decidir plegarse o no al paro. También ofrecieron duplicar la “ayuda” de $100.000 que Atilra otorgó dos veces en noviembre y diciembre de 2023 a los empleados afines que adhirieran a la medida. “No hay bloqueo ni mucho menos”, dijeron.
No obstante, según informaron desde SanCor, durante el fin de semana se labró un acta por impedimento de ingreso en la planta de Sunchales, es decir, allí sí hubo bloqueo y, por lo tanto, los trabajadores que quisieron cumplir sus funciones, no pudieron hacerlo. “Se estima que unos 3.000 litros de leche chocolatada se decomisaron como consecuencia de la paralización de tareas ya que se encontraba en proceso productivo. Tampoco se pudo arrancar con la producción de leche en polvo por falta de servicios de la caldera, básicamente vapor y aire”, detallaron desde la cooperativa. En cambio, en la planta de Balnearia las labores continuaron de acuerdo con el plan previsto, y tanto ahí como en Devoto y La Carlota, la recepción de leche se realizó de forma habitual.
Hoy, lunes, en La Carlota casi la totalidad de los empleados estaban cumpliendo sus tareas normalmente a excepción de cuatro de ellos que se plegaron al paro. Tanto en esa planta como en la de Balnearia seguían trabajando según el cronograma establecido. En tanto, en Devoto donde hay poca actividad planificada por la época del año, “se recibió y pasteurizó leche y hay supervisores que están fraccionando crema y elaborando queso blanco”, contaron desde SanCor. Por su parte, la fábrica de Gálvez proseguía la elaboración de queso feteado y horma, el envasado y el fraccionado de forma habitual, pero no se había logrado reunir al personal necesario para la producción de quesos fundidos.
El conflicto tiene larga data. Comenzó en 2017 con una deuda salarial de SanCor. Por aquel entonces, Atilra acordó con la empresa un esquema de regularización para seguir adelante con las tareas pero en octubre del año pasado decidió comenzar acciones gremiales, una serie de asambleas que impidieron las actividades en las fábricas, limitando la llegada de leche de los tamberos y la salida de productos hacia los comercios minoristas y, en consecuencia, la generación de ingresos a la empresa.
Eso llevó a SanCor a cerrar su planta de San Guillermo y la obligó a tirar 100.000 litros de leche que no pudieron ser procesados en el mes de octubre. La firma aseguró que perdieron más de 4.500 millones de pesos por la paralización de tareas que realizó Atilra durante 65 días.
El 22 de diciembre, la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello dictó la conciliación obligatoria entre las partes. SanCor hizo una nueva propuesta de regularización de deuda a través de pagos semanales frente a las autoridades laborales, la cual viene concretando según lo comprometido con los empleados que continúan trabajando. Según calcularon entonces, de no paralizarse las actividades, podrían saldar la deuda en 45 días.
Vencida la conciliación obligatoria y su extensión, el miércoles pasado la secretaría de Trabajo propuso a las partes seguir una conciliación voluntaria que fue aceptada por la empresa y rechazada por el sindicato. Atilra no quiere retomar las actividades hasta que no se haya abonado todo lo adeudado. Pero si se para la producción, la cooperativa no genera ingresos para pagar los haberes correspondientes. Y de esa manera, se retroalimenta un loop interminable en el que pierden tanto los trabajadores como la patronal.
Detrás de este conflicto sin fin hay más. SanCor atraviesa problemas económicos y financieros desde hace varios años. Atilra apostaba a que un grupo de empresarios, a través de un fideicomiso, se hiciera cargo de la apremiada cooperativa, pero el proyecto fracasó luego de dos años de negociaciones. En 2023, el Estado rechazó al fideicomiso por inconsistencias en cuanto sus fondos constitutivos y otras cuestiones técnicas. A partir de allí, las medidas de fuerza del gremio escalaron.
Hoy, directivos de SanCor se encontraban reunidos para analizar los pasos a seguir. El desacuerdo continúa y habrá que ver qué resuelven las partes y cómo actúa la secretaría de Trabajo para encontrar una salida que permita destrabar el conflicto.
Pero también cómo procederá el Ministerio de Seguridad de la Nación ante la constatación del bloqueo por parte de Atilra ya que, como informara en primicia Clarín este mes, funcionarios de la cartera anunciaron la creación de un Gabinete Antibloqueo dentro de su órbita cuyas principales funciones son impedir estas acciones en todo el país y brindar asesoramiento jurídico a los damnificados (Leer noticia aquí). El mismo fue creado “a los efectos de intervenir donde haya un delito flagrante como es un bloqueo; en caso de que las fuerzas policiales de las provincias, o sea las locales, no intercedan, va a interceder la fuerza federal: el bloqueo se va a detener sí o sí”, explicó entonces Juan Beluardo a Clarín Rural. Según indicó las víctimas ya pueden denunciar los bloqueos en el Ministerio (en breve habrá un número telefónico de tres cifras disponible para hacerlo, tal como el de Emergencias). A partir de allí, el cuerpo legal del gabinete los asesorará en el modo correcto de proceder y las fuerzas federales se encargarán de liberar el bloqueo, detalló el funcionario.
