La política de etiquetado frontal en Argentina entra en una nueva etapa. A partir de modificaciones recientes impulsadas por el Gobierno nacional, el esquema vigente desde 2022 comienza a flexibilizarse, en línea con una visión que prioriza la competitividad, la reducción de costos y la integración comercial regional.
La Ley 27.642 había introducido los conocidos octógonos negros para advertir sobre excesos de nutrientes críticos. Sin embargo, desde su implementación, distintos sectores de la industria alimentaria señalaron dificultades operativas, costos adicionales y limitaciones para competir en igualdad de condiciones con otros mercados. En este contexto, la actual gestión avanzó con cambios regulatorios que modifican la forma de evaluar los productos, marcando un giro en el enfoque original.
Uno de los puntos centrales es el nuevo criterio de cálculo de los sellos. En lugar de evaluar la composición total del alimento, ahora se consideran principalmente los nutrientes críticos agregados durante el proceso industrial. Este cambio permite una lectura más específica del producto y evita penalizar componentes naturales, algo que desde el sector productivo venían reclamando desde hace tiempo.
En la práctica, esto se traduce en una reducción de sellos en múltiples categorías, incluyendo lácteos, chocolates y productos procesados. A su vez, se habilita nuevamente el uso de mensajes positivos en los envases y se flexibilizan aspectos vinculados a la publicidad y promoción, especialmente en lo que respecta a estrategias comerciales y de comunicación.
Pero el movimiento no se limita al plano interno. El Gobierno también impulsa una “armonización” del etiquetado a nivel Mercosur, con el objetivo de establecer estándares comunes que faciliten el comercio entre países. Esta estrategia apunta a evitar duplicaciones regulatorias y costos adicionales para las empresas que operan en múltiples mercados, especialmente en un contexto de integración regional creciente.
Desde esta perspectiva, avanzar hacia un sistema más alineado con países como Brasil permitiría simplificar requisitos, mejorar la competitividad y dinamizar el intercambio comercial. Para la industria, se trata de un paso clave que podría traducirse en mayor eficiencia, mejores márgenes y nuevas oportunidades de expansión.
Además, el cambio responde a una lógica más amplia: adaptar la normativa a un escenario donde la producción y el comercio requieren reglas claras, homogéneas y sostenibles en el tiempo. La simplificación regulatoria aparece así como una herramienta para fortalecer al sector alimentario, uno de los pilares de la economía argentina.
En definitiva, la flexibilización del etiquetado frontal marca un punto de inflexión. Más allá del debate, el nuevo rumbo busca equilibrar la información al consumidor con la necesidad de promover el desarrollo productivo, reducir costos y potenciar la inserción internacional de la industria alimentaria argentina.
En este contexto, la flexibilización del etiquetado en Argentina no puede leerse de forma aislada. La medida se inscribe en un escenario regional en plena redefinición dentro del Mercosur, donde se discuten criterios regulatorios y comerciales para la industria alimentaria. Con una decisión clave de Brasil prevista para el 5 de mayo —en un contexto de creciente tensión por condiciones de competencia—, el impacto de estos cambios podría escalar en las próximas semanas y reconfigurar el equilibrio para el sector lácteo.
Fuente: Iprofesional
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