La elección del conflicto para poder cerrar un acuerdo paritario determinó para la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera el final de 2020 con un 57,5 por ciento para toda la escala salarial, firmado en ese momento por el Centro de la Industria Lechera y por la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas, aunque esta última con la salvedad de no acordar bonos extra por 13 mil pesos.
Sin embargo enero trajo sorpresas, porque el Ministerio de Trabajo de la Nación el 17 de enero homologaba la paritaria como venía, pero sin aviso mediante SanCor fue incluída en el acuerdo, pero con peso decisorio, ya que el 24 de enero y con una nueva Resolución, se determinó que todas las partes empresarias paguen lo mismo en la paritaria, desconciéndose la voluntad de las pymes.
A mediados de febrero Apymel presentó un reclamo formal en el Ministerio donde se dejan claras las irregularidades del caso. Con el plazo de dos semanas cumplido y sin respuesta alguna el ánimo de los empresarios continúa complicándose.
El principal cuestionamiento está puesto en la consideración de SanCor como definitoria de una situación paritaria en la que no participó como parte de la negociación, además de sumar el hecho de adeudar pagos a sus empleados, el pago de salarios en cuotas, e incluso seguir sosteniendo deudas con el propio estado nacional.
A partir de un comunicado la representación de las lácteas medianas y pequeñas detallaba que “el ingreso de SanCor en estas circunstancias es de evidente daño para el sector empresarial pyme, imponiendo un costo que genera inequidad competitiva en contra de un sector debilitado por el contexto económico y que ahonda más las diferencias en envergadura y capacidad tecnológica entre las lácteas grandes y las pymes”.
La irregularidad queda manifiesta y ahora sólo resta que el Gobierno Nacional de una respuesta en consecuencia y detalle los motivos de semejante decisión.
Asamblea
Luego de la convocatoria el jueves pasado a una asamblea de socios, quedó aprobado por unanimidad en Apymel la disponibilidad para que su titular, Pablo Villano pueda decidir acciones directas y sin dilaciones.
Uno de los puntos aprobados define “la facultad lo para ejercer todos los actos y gestiones administrativas tendientes a superar el conflicto económico, político y social producto de las referenciadas paritarias. A tal efecto y para impugnación total o parcial en cualquier tipo de instancia sea esta judicial o extrajudicial, en cualquier fuero o jurisdicción, incluyendo la aceptación de los términos de un posible acuerdo de partes, y/o mediación, y/o transacción, al señor presidente en nuestra representación y para la solución del conflicto referenciado”.
En tanto, se aprobó “considerar la procedencia de facultar expresamente y autorizar a la comisión directiva establecer cuota/s extraordinarias para abonar cualquier gasto o costo y costas”.
En esta causa Apymel demuestra una total convicción en su razón y es manifiesta la falta de motivos oficiales para la toma de decisiones que llevaron a rehacer una Resolución, de manera inconsulta, retroactiva de por completo irregular.
Apoyo de CAME
La Asociación que pertenece a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa recibió en este tema el apoyo de la entidad mayor.
“Habiendo tomado conocimiento de que la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas, entidad adherida a nuestra Confederación, se encuentra actualmente en una situación delicada y compleja en defensa de los intereses de sus usinas lácteas representadas, en contra de la resolución mediante la cual esta cartera homologara el acuerdo salarial suscripto solamente por los representantes de las grandes empresas lácteas y la entidad sindical que agrupa a los trabajadores de esa industria, Atilra”.
En un comunicado con fecha 18 de febrero se dejó de manifiestó desde Came el “apoyo institucional como entidad de grado, a dicha Asociación en lo acontecido en la última paritaria de la industria láctea, atento a que a través de su representación se encuentran involucradas todas las empresas lácteas que componen el sector pyme del país”.
Además, expresaron “confiamos en que el Ministerio sabrá mensurar y sopesar los distintos intereses en juego, brindando una solución justa y equitativa de las partes signatarias del convenio colectivo de trabajo”. Lo que Came subraya es su posición fijada sobre el decreto 1.420 del presidente de la nación, Alberto Fernández, en el que “si bien reconocemos la necesidad de recomposición salarial para reactivar el consumo, entre otras cosas, solicitamos expresamente que los aumentos fueran diferenciales por región, tamaño y tipo de empresas, ahí creemos radica el ´quid´ de la cuestión, en lograr diferencia en quiénes en puridad no son iguales”.
La comunicación tiene la firma de Gerardo Díaz Beltrán, presidente; y José Bereciartua, secretario general de Came.