“Me parece muy bien que investiguen el delito del artículo 174 inciso 6 porque se necesita cuidar las fuentes de trabajo y las empresas en un país donde la mitad de la población es pobre. Necesitamos generar muchas fuentes de empleo para que la gente salga trabajando de esa situación, en el contexto fundido de tantos años de decadencia y destrucción. Esto me pone muy contenta porque ya es hora, han pasado dos años y me ha costado mucho sacrificio a mí, mi familia y a mis empleados salir adelante”, dijo Alejandra Bada Vázquez, una de las dueñas de la empresa.

Vale recordar que el fiscal Alcides Arnaudo, quien estaba a cargo de investigar la causa por “compulsión a la huelga y coacción”, desde el principio del conflicto había dispuesto “el archivo del legajo por falta de pruebas”. A principios de este año se conoció que el fiscal general Sergio Martín Lapadu mandó a reactivar la causa y sugirió la imputación de los implicados.

Hace seis meses, el fiscal general Lapadu pidió al fiscal titular Arnaudo la imputación de Ariel Héctor Sánchez, secretario del sindicato Atilra, y de Rafael Alberto Ale, empleado y delegado en Lácteos Vidal SA por la conducta investigada. Originalmente, el fiscal Arnaudo dejó pasar el plazo de la causa, por lo que dejó sin herramientas a la defensa y el caso había prescrito hasta la intervención del fiscal general.

El conflicto se inició el 18 de julio de 2022 en la localidad bonaerense de Moctezuma por un reclamo de recategorización para los empleados. “Está bueno ver que poco a poco la Justicia penal está sacando a la luz todo y poniendo las cosas en su lugar y más que tarde pueda quedar todo esto en el pasado. Es importante para mí que al menos hayan salido estas imputaciones”, precisó.

Según el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires, “el 17 de agosto de 2022, alrededor de las 6.40 horas, en las inmediaciones de Tinogasta 4975, de esta ciudad, una persona a determinar perteneciente al sindicato Atilra empujó a Alejandra Bada Vázquez (dueña de Lácteos Vidal), en tanto que Verónica Blas, perteneciente al sindicato Atilra le pegó un cachetazo desde atrás en la cabeza, refiriéndole “no cargan más”.

De acuerdo con lo que argumentó el fiscal, la conducta encuadra, provisoriamente, en el delito de “amenazas simples” previsto en el artículo 149 bis, primer párrafo, primer supuesto (como también en la contravención de “maltrato físico” del art. 55 del Código Contravencional, sin perjuicio del desplazamiento que determina el art. 15 del mismo cuerpo normativo). Además, indica que el hecho descripto encuadra, prima facie, en el delito de “compulsión a la huelga”, previsto en el art. 158 del Código Penal.

En ese contexto, vale recordar que en Trenque Lauquen hay cinco personas imputadas por el fiscal general Martín Butti por “compulsión a la huelga”, en una causa penal. Se trata de Gastón Moreno, secretario general de Atilra seccional Trenque Lauquen; Abel Osmar Damico, empleado y delegado de la fábrica; Sergio Raúl Longo, secretario adjunto de Atilra seccional Trenque Lauquen; Cristian José Martin, empleado y vocal suplente de la comisión directiva del gremio, y Franco Marcelo Yedro, empleado y miembro de la comisión directiva de la seccional Trenque Lauquen. En 2023 la Justicia llamó a indagatoria a Diego Armando Alarcón, sindicalista de la seccional Trenque Lauquen y señalado de ser uno de los supuestos responsables del bloqueo de Lácteos Vidal, por “el delito de compulsión a la huelga”.