El futuro de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), la empresa que durante años elaboró algunos de los yogures y postres más reconocidos del mercado argentino, volvió a quedar en manos de la Justicia.
Nueva Vicentín Argentina presentó una oferta firme por US$ 10 millones para adquirir la totalidad de los activos productivos de la fallida. El paquete incluye las plantas industriales de Arenaza, en la provincia de Buenos Aires, y Monte Cristo, en Córdoba, además de inmuebles, líneas de producción, equipos, vehículos, existencias y derechos sobre marcas como Yogs, Shimy, Sancorito, Sublime, Vida, Primeros Sabores y Lechelita.
La propuesta contemplaba pagar el precio al contado dentro de los 20 días posteriores a la adjudicación y constituir una garantía equivalente al 10% de la oferta. Nueva Vicentin también solicitó que la adquisición se concretara mediante una venta directa, argumentando que la rapidez de la operación permitiría evitar un mayor deterioro de las instalaciones y preservar el valor de las marcas.
Sin embargo, el juez Federico Güerri, responsable del Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 29 y del expediente de quiebra de ARSA, no habilitó que los activos fueran transferidos mediante el pago directo propuesto por la compañía. La realización deberá encuadrarse en el procedimiento competitivo establecido judicialmente, con evaluación de las distintas ofertas y participación de la sindicatura y la coadministración.
La decisión impide que Nueva Vicentín asegure anticipadamente la compra del conjunto industrial. La empresa deberá competir con otros interesados y eventualmente mejorar su propuesta si pretende quedarse con los activos.
Una oferta muy inferior a los antecedentes del negocio
ARSA nació en 2016, cuando el entonces Grupo Vicentín adquirió por cerca de US$100 millones el negocio de productos refrigerados de SanCor. La compañía elaboraba yogures, flanes y postres que alcanzaron una presencia relevante en supermercados y comercios de todo el país.
Años después, Vicentín transfirió el 99% de las acciones a Maralac y conservó una participación minoritaria. ARSA ingresó posteriormente en concurso preventivo y, luego del fracaso de ese proceso, la Justicia decretó su quiebra y ordenó la liquidación de los activos.
El contraste entre el precio original de aquel negocio y los US$2,5 millones ofrecidos actualmente refleja el deterioro sufrido por las plantas, la interrupción de la producción, la pérdida de participación comercial y la incertidumbre jurídica que rodea a algunas de las marcas.
Competencia por plantas y marcas
Nueva Vicentin no es la única interesada. Elcor, fabricante de la marca Tonadita, presentó una oferta de US$1 millón por la planta de Arenaza y otra de US$450.000 por el paquete de marcas.
Por su parte, un grupo de empresarios cordobeses ofreció US$1,5 millones por la planta de Monte Cristo. Otras compañías del sector, entre ellas Vacalín y Tregar, solicitaron inspeccionar los establecimientos para evaluar posibles propuestas.
El pliego judicial permite recibir ofertas por activos individuales, por combinaciones de bienes o por la totalidad del conjunto. La mayor cifra económica no será el único criterio de selección. El tribunal también analizará la continuidad productiva, la certeza del pago, la experiencia del oferente, las inversiones comprometidas y la cantidad de puestos de trabajo que podrían recuperarse.
Empleo y producción, los otros componentes de la disputa
Además de comprar los activos, Nueva Vicentín propuso reactivar transitoriamente las instalaciones mediante contratos de elaboración a fasón, alquiler de capacidad industrial o licencias de marcas. Su plan inicial contemplaba aportar capital de trabajo y reincorporar progresivamente alrededor de 70 trabajadores.
La dimensión laboral es especialmente sensible en Arenaza, donde la fábrica fue durante años uno de los principales empleadores de la localidad. La paralización de ARSA afectó también a productores, transportistas, distribuidores y comercios relacionados con su actividad.
La definición judicial determinará si las plantas volverán a funcionar como una unidad integrada o si los activos terminarán repartidos entre diferentes compradores. Para la cadena láctea argentina, el desenlace representa mucho más que una venta de maquinarias: está en juego la posibilidad de recuperar capacidad industrial, empleos y marcas con una larga presencia en la mesa de los consumidores.
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