Las grandes multinacionales lecheras no han podido en esta ocasión imponer su criterio de lobby a golpe de talonario porque se han encontrado enfrente a otro grupo de presión que –además de disponer de cuantiosos fondos para actuar sobre los legisladores– se ha aprovechado de la ofensiva global para reducir los productos de origen animal de la dieta occidental.
Lejos quedan los tiempos en los que las grandes compañías comercializadoras de productos lácteos lograban sus objetivos destinando ingentes cantidades de dinero a campañas de sensibilización para que los parlamentarios europeos votaran a favor de los intereses de este lobby, un grupo de presión que forma parte de la esencia del proyecto comunitario y que ha conseguido que durante muchos años el proteccionismo haya permitido a las multinacionales lácteas competir con ventaja respecto a los productores de fuera de la Unión Europea (UE).
Ahora el enemigo no es sólo externo, sino también interno, y dispone dela apoyo de instituciones tan relevantes como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Greenpeace, WWF y hasta iconos del movimiento ecologista como Greta Thunberg. Todos ellos han ayudado a las empresas de bebidas ‘plant based’ a tumbar la enmienda 171, a través de la cual el lobby lácteo pretendía imponer la censura de los productos lácteos de origen vegetal. La asociación Proveg ha recogido medio millón de firmas de consumidores y ha ganado a la industria láctea en el terreno que mejor conoce: el del cabildeo en los despachos de Bruselas.
El fracaso ha cogido a compañías como Pascual, Nestlé o Lactalis con la guardia baja, ya que el Parlamento Europeo había dado luz verde el pasado octubre a la citada enmienda y la Comisión Europea la había respaldado en enero. Una norma cuya elaboración se realizó a petición del lobby lácteo y que prohibía cualquier uso de “evocaciones” de productos lácteos de origen vegetal, tanto en los envases como en la publicidad. Una norma tan restrictiva que llegaba al extremo de obligar a algunos fabricantes a no poder incluir imágenes de sus propios productos en sus anuncios.
“La censura a las alternativas vegetales a los lácteos no solo contradice los objetivos de salud pública de la Unión Europea y la promoción de dietas saludables, sino que se opone directamente a los objetivos de sostenibilidad del Pacto Verde Europeo y a la estrategia ‘De la granja a la mesa’, señalan fuentes de Proveg, organización que considera que, si esta enmienda hubiera salido adelante, sería “una amenaza sustancial para los objetivos climáticos del Acuerdo de París”.
Este fracaso de la industria láctea para protegerse de sus competidores utilizando argucias legales ha generado críticas en el seno de la patronal del sector, la European Dairy Association (EDA), organización que ejerce su labor de lobby en Bruselas y a la cual pertenece la patronal española FeNIL, en la cual están representadas las empresas transformadoras españolas.
Fuentes comunitarias aseguran a MERCA2 que “existe un descontento entre los directivos de las multinacionales lecheras con la forma en la que se ha gestionado esta cuestión, ya que se ha invertido mucho dinero en convencer a los políticos y a la opinión pública de la importancia de los productos lácteos en la configuración de dietas saludables”. Unos fondos que han caído en saco roto y que esconden un problema mucho mayor que puede amenazar los ingresos de una industria que ha crecido gracias a la protección de un sector público que ahora tiene otras prioridades.
A pesar de esta batalla en el seno de la UE las empresas procesadoras de productos lácteos llevan años intentando cambiar su imagen para subirse al carro de la nueva economía sostenible, llegando en algunos casos a destinar una parte importante de sus presupuestos a modificar su identidad corporativa para cambiar la percepción que tienen consumidores y burócratas de su negocio.
Uno de los ejemplos más claro es el de Leche Pascual, que en 2014 cambió su denominación por Calidad Pascual, para intentar desvincularse de sus productos de origen animal, que hasta aquel momento habían sido su esencia. Dentro de este proceso de transformación, la compañía rediseñó el empaquetado y la presentación de sus productos vegetales, al mismo tiempo que lanzó una campaña sobre el “bienestar animal” de sus granjas. Otras empresas, como el Grupo Feiraco o Capsa (la compañía a la que pertenece Central Lechera Asturiana), también han optado por esta estrategia, siguiendo al refranero español: si no puedes con el enemigo únete a él.
Al mismo tiempo que las empresas lácteas realizan este lavado de cara sus equipos directivos emplean grandes recursos en potencias su influencia institucional, firmando convenios con gobiernos autonómicos (en algunos casos presionando y en otros a golpe de talonario) para garantizar las ventas de sus productos y su presencia en guarderías y centros escolares.
Una actividad de cabildeo que se realiza gracias a que en España la actuación de los lobbies no está regulada y que puede tener sus días contados si sale adelante la iniciativa parlamentaria del PSOE para regular las relaciones entre los diputados y los grupos de presión, una propuesta que serviría para impulsar una normativa posterior que establezca claramente los límites de actuación de estas organizaciones.
Los lobbies se aprovechan de este vacío legal para defender los intereses de las empresas privadas de un determinado sector utilizando a agencias de relaciones públicas, consultoras de comunicación y despachos de abogados. A través de estos intermediarios las compañías logran acceder a los despachos de los legisladores, organizan eventos para influir en la opinión pública, invitan a médicos a congresos de alto standing y en algunos casos incluso convencen a científicos para que elaboren informes que respalden sus intereses parciales. Todo ello configura una tela de araña que, en el caso del sector lácteo español, se financia con una parte de los 9.000 millones de euros que factura anualmente la industria.
El problema que tienen ahora las multinacionales de este sector es que se han encontrado con la horma de su zapato: la industria de los alimentos veganos, que tiene respaldo institucional y que ya ha mostrado su fuerza. No sólo logrando tumbar la enmienda 171, sino llegando a plantear que el consumo de productos lácteos no es tan bueno como siempre nos han enseñado e incluso puede ser perjudicial para la salud.
Recientes investigaciones muestran que, en contra de lo popularmente aceptado, los productos lácteos podrían no ser las mejores fuentes de calcio para los seres humanos, sino que en realidad este compuesto elemental para el sistema óseo debería buscarse en otros alimentos más sanos y convenientes como las legumbres, los frutos secos, las verduras de hoja verde o las semillas. Y algunos prestigiosos investigadores de la Universidad de Harvard, como Walter Millet, van más allá en su crítica a la industria láctea al asegurar que los adultos no necesitan consumir leche y que el abuso de este alimento aumenta las posibilidades de sufrir problemas óseos e incluso cáncer de prostata.
LAS ASOCIACIONES QUE REPRESENTAN LOS INTERESES DE LAS EMPRESAS TRANSFORMADORAS REALIZAN CAMPAÑAS PERIÓDICAS
Sobre la relación entre elevado consumo de leche y problemas oncológicos, un trabajo realizado por investigadores estadounidenses de la Clínica Mayo, concluyó en 2019 que un elevado consumo de productos lácteos, como la leche y el queso, está asociado con un mayor riesgo de padecer cáncer de próstata. Estudios anteriores demostraban que los productos lácteos son la principal fuente de calcio en los países occidentales, donde las tasas de cáncer de próstata son altas. Por el contrario, hay tasas más bajas de cáncer de próstata en los países asiáticos, donde la ingesta de productos lácteos es baja.
Mientras la industria láctea intenta enterrar estas investigaciones porque atentan contra la base de su negocio, las asociaciones que representan los intereses de las empresas transformadoras realizan campañas periódicas para convencer a la opinión pública que el consumo de sus productos no tiene relación con la obesidad, que de ningún modo aumentan las posibilidades de sufrir cáncer y que son la mejor fuente de calcio posible. La batalla está servida y, como siempre que se enfrentan lobbys, la primera víctima es la verdad. Las autoridades sanitarias deberán determinar qué hay de cierto en las acusaciones cruzadas y no será tarea fácil.
