La demanda apunta a Capsa (Central Lechera Asturiana/Larsa), Puleva (Industrias Lácteas de Granada) y Danone, tres de las principales industrias del sector lácteo en España, que fueron sancionadas por la CNMC en 2019 junto a otras grandes como Nestlé o Lactalis por intercambiar información estratégica y coordinar estrategias comerciales que afectaron el mercado de aprovisionamiento de leche cruda.

Esta sentencia es parte de una cadena de decisiones judiciales que habilitan a los productores a reclamar daños derivados del llamado cártel de la leche. En octubre de 2025, otro tribunal en Madrid reconoció indemnizaciones a más de 7.000 ganaderos por perjuicios similares, aunque con una cuantificación mayor del daño, cercana a un 9,4% de infraprecio estimado en el análisis pericial de ese caso.

La resolución de la Audiencia de Barcelona destaca que no es necesaria la firmeza absoluta de las multas impuestas para avanzar con las indemnizaciones, ya que la existencia de prácticas anticompetitivas quedó respaldada por varias instancias judiciales y administrativas. Sin embargo, el cálculo definitivo de las compensaciones quedará definido en la fase de ejecución de la sentencia, lo que abre la puerta a una larga etapa de peritajes y apelaciones por parte de las empresas condenadas.